Excuradores del caso Space violaron 82 veces la norma de sismorresistencia

Por la transgresión en 82 ítems de la ley de sismorresistencia y la comisión en 13 ocasiones del delito de prevaricato por acción, la Fiscalía General de la Nación acusó a los excuradores urbanos segundos Carlos Alberto Ruiz Arango y Eliney Esther Francis Llanos, investigados por el desplome del edificio Space ocurrido el 12 de octubre de 2013

Así lo reveló el Fiscal 56 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, quién en dos horas y media leyó la formulación de la acusación a los dos exfuncionarios

En la audiencia de acusación, la Fiscalía aseguró que tiene pruebas y como comprobar que cada curador trasgredió en 41 ítems la norma sismo resistencia NRS-98 (Ley 400 de 1997) al otorgar y modificar las licencias de urbanismo de las fases 1 a la 3 (en el caso e Eliney Llanos) y de la etapa 4 a la 6 (en el caso de Carlos Alberto Ruiz). También que el curador Ruiz Arango trasgredió en 38 itéms la norma NRS-10 para otorgar las licencias de las fases A y B de la torre 6 de Space. “La aprobación a las licencias de construcción y modificación a las etapas 1, 2 y 3 y la expedición de las licencias de construcción y las modificaciones para cada una de las etapas 4, 5, 6A y 6B fueron proferidas con manifiesta violación a las normas sismo resistentes en el diseño estructural para el proyecto Space”, aseguró la Fiscalía

Además, según en ente acusador la excuradora  Eliney Esther Francis Llanos incurrió en la comisión del delito de prevaricato por acción en cuatro veces, mientras que Carlos Alberto Ruiz lo hizo en nueve oportunidades. Esto toda vez que conocía la violación de las normas para el otorgamiento de las licencias de construcción, dijo el ente acusador

“La arquitecta Eliney Francis Llanos el delito de prevaricato fue cometido en 4 veces en concurso sucesivo y homogéneo. En cuanto a Carlos Alberto Ruiz cometió en 9 veces con conocimiento de que la decisión era contraria al ordenamiento jurídico”, precisó el ente acusador

Pasadas tres horas, el Juez 13 Penal del Circuito de Medellín le otorgó el estatus de víctima al Municipio de Medellín, tras una solicitud de la administración municipal que adujo que con ello se busca evitar una avalancha de demandas por 40.000 millones de pesos

Adujo el gerente de Vivienda Segura, Diego Restrepo Isaza, que además la administración tiene una cuenta por cobrar a CDO por 5.000 millones de pesos (3.500 millones en la atención de la tragedia y 1.500 millones por la implosión del edificio). La audiencia preparatoria al juicio de los excuradores será el 27 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana.