¿Cuarentena en el ICA?
La politiquería en el ICA es tan nociva como la puerta giratoria de la tecnocracia en los organismos regulatorios.
En Colombia la separación de poderes del Estado para que haya independencia entre ellos nunca ha tenido claros sus límites. El régimen presidencialista hace que haya un Ejecutivo poderoso y un Congreso débil en su autonomía, pero fuerte en presionar hasta por un puesto para un mensajero. La “yidispolítica” durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe fue eso: votos en el Congreso por puestos en el Gobierno. En ese momento era necesario asegurar la votación para que el “articulito” de la reelección saliera adelante en la Comisión Primera de la Cámara. El chantaje al gobierno es uno de las prácticas que más daño le ha hecho al Congreso. Hoy la historia del escándalo burocrático se repite con un agravante: la politiquería tiene tomada una entidad de carácter técnico, el ICA, donde un subgerente encargado –cercano al senador Efraín Cepeda-- presionó las renuncias de varios directivos, entre ellos personas de trayectoria y conocimiento de los temas agropecuarios. Dejar al ICA en manos de políticos es tan inconveniente y censurable como la puerta giratoria de la tecnocracia en los organismos estatales de regulación –superintendencias, ministerios o comisiones de regulación- porque se trata de una entidad que hoy más que nunca, cuando el país está lleno de tratados de libre comercio, requiere personas especializadas en temas como licencias sanitarias, certificación de productos agropecuarios de exportación, evaluación de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para animales y vegetales, o en la investigación de nuevos materiales vegetales o de plagas resistentes que emergen con el cambio climático. Lo que está pasando con las entidades del sector agropecuario en manos del Partido Conservador ha causado malestar en los gremios por la inestabilidad institucional en un frente que más dolores de cabeza ha causado al actual gobierno. El paro agrario no solo le costó al Estado en términos económicos por los acuerdos firmados, sino que además puso en jaque la reelección del presidente Juan Manuel Santos. El Banco Agrario está acéfalo por la confrontación del ministro Lizarralde con el presidente saliente de esa institución, protegido del senador Roberto Gerlein, y en el Incoder, clave en el tema de restitución de tierras, el nuevo director llegó con personas afines al senador Hernán Andrade. Está demostrado que el problema en estas entidades no es el relevo en sus niveles directivos, apenas normal con cada cambio de administración. Lo que afecta su funcionamiento es que intenta replicar en el orden nacional el esquema local donde, por citar el caso de las alcaldías, se obedece al jefe político y no al jefe de la administración. El manejo desacertado de las entidades agrarias por las presiones de jefes del Partido Conservador puede ser el mejor argumento para que eso tenga incidencia en la formación del nuevo gabinete. Y una pregunta que deja este tema sin resolver: ¿dónde están los delegados del presidente –no el ministro—en esas juntas directivas? ¿Declarará el presidente la cuarentena en esa entidad para ponerla a salvo?




