Andrés Camargo asegura que la Corte violó su derecho a la defensa

En 14 puntos resumió el exdirector del IDU, Andrés Camargo, sus críticas contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la condena a 60 meses de cárcel y el pago de una multa de $108.622 millones que le impuso el Tribunal de Bogotá, por las pérdidas que causó a la ciudad el uso de relleno fluido en la primera fase de Transmilenio por la autopista Norte

Camargo asegura que la Corte en su caso le negó el derecho a la defensa y afirma que en este proceso queda claro que no se puede hablar de corrupción

Sostiene que una condena como la que le fue impuesta pone en riesgo las calidades de las personas que se atrevan a trabajar con el Estado

Estos fueron sus argumentos:1.            La Corte decidió no decidir. La Corte no quiso estudiar de fondo mis argumentos. Dejó en firme la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, la cual introdujo más elementos que ya no tendrán segunda instancia y por tanto posibilidad de defenderme de ellos. La decisión de la Corte vulnera mi derecho fundamental a la defensa

2.            La justicia es injusta. Esta decisión es un triunfo de los corruptos: todos a la cárcel sin distinción. Eso es nivelar por lo bajo

3.            Muchos de los que premeditadamente se robaron la plata del Distrito recibieron una pena inferior o están libres. ¡Los bandidos deben estar felices!4.            Este caso NO es de corrupción. Se trata de la acusación  a un director por los efectos que tuvo para la ciudad una decisión inminentemente técnica de su equipo. NO se trata de robo ni malversación de dinero público y así lo corrobora el fallo

5.            Este caso NO es como el carrusel de la contratación, donde premeditadamente se armó un esquema para quedarse con la plata de los contratos, en detrimento del Distrito y de todos los bogotanos. Mi equipo pudo haberse equivocado, meter las patas, pero NO las manos

6.            Es un antecedente MUY grave para el país y todos aquellos que desempeñan un cargo público, que un tema técnico se haya convertido en un asunto penal. Si hace carrera la tesis de que no se necesita el proyecto ilícito para que un error en un contrato sea un delito, todos los funcionarios que ejecuten pueden terminar en la cárcel como cualquier error en el desempeño de sus funciones

7.            Este fallo crea un peligroso antecedente legal porque se estaría creando una nueva jurisprudencia al llegar al ámbito penal los errores técnicos

8.            Convertir un debate técnico en un asunto penal, hará que pronto se llenen las cárceles de funcionarios capaces, o la administración pública se convierta en un monstruo inmóvil donde nadie se atreva a ejecutar por temor de ir a la cárcel

9.            Con este antecedente no se podrá diferenciar a los delincuentes de los buenos funcionarios y eso es funesto para el país. ¿Quiénes van a querer ser funcionarios públicos? Sólo quienes busquen obtener otro tipo de beneficios del ejercicio de su cargo

10.          Es un exabrupto que el falla exija a un funcionario público que no se ha robado un solo centavo, responder solidariamente por $108.000 millones de pesos (más de tres veces el costo inicial total de la obra)

11.          A pesar de los fallos adversos, no dejaré de creer en el país. Seguiré poniendo la cara y defiendo mi honra como lo he hecho durante estos casi quince años

12.          Si el precio de trabajar pulcra y honestamente por la ciudad y por el país es ir preso, estoy dispuesto a pagarlo. Pero será imposible que la gente buena y honesta acepte un cargo público en el futuro

13.          Espero que este caso sirva para que el país recapacite si una persona que no se ha robado ni un solo centavo debe estar presa por errores cometidos por un equipo de trabajo en el ejercicio de sus funciones

14.          Y en tiempos de futbol, vale la pena destacar que quienes participaron en el asesinato de Andrés Escobar hace 20 años hoy están libres y pagaron penas menores que las que me están imponiendo a mí. ¿Es justo?