A juicio disciplinario funcionarias del distrito por maquina 'tapahuecos'

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la directora general de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, María Gilma Gómez Sánchez, a la secretaria general de la entidad María Constanza Aguja Zamora y a  Olga Patricia Mendoza Navarro,  jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica de esa unidad, por las irregularidades que se habrían presentado durante la suscripción del contrato para la denominada maquina "tapahuecos"

De acuerdo con la citada investigación, el 26 de diciembre de 2013 se suscribió de manera directa el contrato de ciencia y tecnología para “aplicar la tecnología de parcheo por inyección a presión neumática para acciones de movilidad en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C.”

Dicho contrato se realizó de manera directa porque se concibió bajo la modalidad de ciencia y tecnología. Sin embargo, explica el organismo disciplinario que se evidencia por ahora que por la naturaleza del mismo, las obligaciones estipuladas allí y la carta de presentación de la propuesta (que integra el contrato), se trata de un típico contrato de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública

En ese sentido, la Procuraduría cuestiona la conducta, entre otras, de  Gómez Sánchez, quien suscribió el contrato, y la de  Aguja Zamora, quien aprobó dicha suscripción. El pliego de cargos señala que la funcionaria  Mendoza Navarro, jefe de la Oficina Jurídica para ese momento, habría suscrito irregularmente, el 26 de diciembre de 2013, los estudios previos de la contratación directa, proyectando el 27 de diciembre de 2013 el acto administrativo de justificación de la contratación directa y revisando este contrato de ciencia y tecnología, pese a que se trataba de un contrato de obra pública, que por sus características exigía un proceso de licitación. De otra parte, se investiga la conducta de  Gómez Sánchez, en su condición de directora general de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y ordenadora del gasto, porque suscribió directamente el citado contrato, sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida. Y en el caso de  Aguja Zamora, quien presuntamente aprobó en forma irregular la suscripción del contrato de ciencia y tecnología y Mendoza Navarro, quien revisó dicho contrato, porque no verificó previamente la evaluación señalada, lo que permitiría comprobar que no cumplía con la experiencia específica exigida al proponente.