Contraloría de Cartagena encontró detrimento fiscal por $1.000 millones

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de Contraloría Distrital de Cartagena, en fallo de primera instancia, encontró responsables de detrimento fiscal al exsecretario de Infraestructura,  Antonio Flórez Garizábal, y al exgerente de Edurbe, Augusto Mainero Román, por presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo para culminar las obras de ampliación y adecuación del Hospital de San Fernando en el sur de la ciudad

 El fallo de responsabilidad fiscal, cuya cuantía es de $986.066.784, también cobija al ex gerente suplente de Edurbe, Alfonso Franco Alvarez, y a la ex Secretaria General de esa entidad y Gerente encargada desde el 20 de enero al 22 julio de la vigencia 2012, Amira Salvador Betancourt

 De igual forma, la Contraloría también falló con responsabilidad fiscal en contra de la compañía aseguradora Confianza, como tercero civilmente responsable, al garantizar con la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales por un valor de $978.338.574

 Según el contralor distrital, Mario Feliz Monsalve, las obras contratadas para la fase final en la ampliación y adecuación del Centro de Atención Primaria de San Fernando, por un valor de $6.522.257 millones, fueron paralizadas por falta de recursos y muchos de los ítems contratados no fueron terminados muy a pesar que se canceló el cien por ciento de los recursos del convenio

 “De los cinco niveles con que cuenta la estructura física ninguno ha sido terminado en su totalidad, existiendo diferencias entre las obras contratadas y ejecutadas hasta la fecha de la inspección que hiciera la auditoría fiscal”, indicó el contralor

En el fallo de responsabilidad fiscal, se asegura que el contratista sólo ejecutó un 83.17% del convenio, a pesar de haber recibido la totalidad de los recursos, dejándose de ejecutar el 18.83%, lo que se tomó en cuenta como daño patrimonial al Distrito de Cartagena

 Según los elementos probatorios de la dirección técnica de juicios fiscales de la Contraloría Distrital, se evidenció que en el presupuesto contratado inicialmente no se contempló la instalación de la planta eléctrica ni del ascensor, motivando a un rediseño de la parte física de la obra para poder cumplir con las exigencias técnicas que requieren el Ministerio de Salud y el Dadis. Dando como resultado que el 28 de mayo de 2012, las partes contratantes por medio de sus representantes legales acordaran dar por terminado de mutuo acuerdo el convenio interadministrativo No 6-028-51, comprometiéndose a devolver al Distrito de Cartagena,  la suma de dinero que no fue ejecutada y que le había sido pagada ($981.741.171,oo), pero que al momento de realizar el proceso auditor por parte de este ente de control, no se evidencio tal reembolso.  “Con esto se violó el principio de planeación que deben tener las entidades contratantes, ya que todo proyecto que pretendan adelantar las entidades públicas deben estar precedidos de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica”, advierte la Contraloría.