Defensoría había advertido riesgo de la minería en Santander de Quilichao

La Defensoría del Pueblo venía advirtiendo en Consejos de Seguridad y otros escenarios, los riesgos que implicaba la minería en la vereda San Antonio de Santander de Quilichao en el Cauca

Advirtió además sobre los riesgos para los funcionarios públicos en la zona que se oponen a la minería, como el caso del ex secretario de gobierno de esa población, Ricardo Cifuentes, quien fue amenazado luego de una diligencia para incautar la maquinaria que operaba ilegalmente en ese sector, por lo que presentó su renuncia

La vulnerabilidad para los pobladores que derivan su sustento de la informalidad en Santander de Quilichao es mayor por la influencia de los actores armados y factores ambientales como la inadecuada disposición de las basuras

Por esto al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, la Defensoría llamó la atención de las autoridades, particularmente de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernaciones y alcaldías municipales, para que se adopten medidas de fondo sobre esta problemática

Están pidiendo una intervención preventiva y correctiva, a fin de evitar tragedias como la que hoy se presenta en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, por el colapso de un complejo ilegal de explotación aurífera

Según el reporte preliminar, habría al menos 30 personas atrapadas en el socavón, a la vez que se produjo el rescate en las últimas horas de tres cuerpos sin vida como resultado del derrumbe que se presentó en la vereda San Antonio de la mencionada localidad, donde las condiciones de informalidad laboral e infraestructura, significaban un riesgo latente para los trabajadores

Alertan que informaciones que son materia de investigación por parte de los organismos de seguridad del Estado, indican que miembros del sexto de las FARC que tiene presencia en esa zona, participan de la actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras, así como por la producción de los entables

Por todo lo anterior, el llamado a las autoridades competentes es “para que se adopten las medidas necesarias en aras de garantizar el derecho a la salud, al disfrute de un ambiente sano, al trabajo digno e incluso a la propia vida”

Aspectos como la minería ilegal, el entorno ambiental y la influencia de los actores armados constituyen un factor de amenaza para las comunidades que habitan esa región del país, advirtió la Defensoría del Pueblo.