Gobierno no puede limitarse al discurso ante conflicto: Consejo de Estado

Así lo advirtió el Consejo de Estado al fallar una condena contra la Nación en la cual señala que el accionar del Estado frente al conflicto armado no puede limitarse a simples declaraciones de contenido político las cuales en muchas ocasiones no tiene ningún  alcance concreto en medidas jurídicas, administrativas, militares, policiales que sirvan para enfrentar los ataques  de grupos ilegales De acuerdo con la corporación, el Estado en muchas ocasiones se ha esforzado por desplegar acciones cuando ya se han cometido atentados contra la población civil

 “El papel del Estado en un conflicto armado como el colombiano no puede reducirse a realizar consejos de gobierno, o a desplegar acciones con posterioridad a la ocurrencia de delitos, de acciones profundamente lesivas de la vida, integridad de los ciudadanos, (…) Lo que hace es escalar y profundizar las raíces del propio conflicto, sino que debe procurar el respeto de los derechos reconocidos constitucionalmente, los derechos humanos, el principio a la legalidad, al orden democrático, a la soberanía nacional y la seguridad pública”, señala la sentencia

 Señala además que las autoridades “tampoco se pueden reducir a la elaboración de informes, a la discusión del tratamiento de la información que se debe difundir en los medios de comunicación, o a la determinación de agendas o propósitos, ya que es exigible medidas concretas, acciones específicas que permitan cumplir con la obligación positiva de prevención y protección de los derechos humanos”

 El pronunciamiento por parte del alto tribunal se da al condenar a la Nación al pago de más de mil millones de pesos por la desaparición forzada de un ganadero del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), ocurrida en julio del 2001

 Según la investigación, el ciudadano fue secuestrado y desaparecido forzosamente en su propia finca por miembros del grupo armado ilegal de las Autodefensas y torturado delante de sus hijos menores, por ser tildado como colaborador de la guerrilla. Así mismo, se le hurtó un ganado que se encontraba en la finca de su propiedad

 La Sección Tercera explicó que en el presente caso se demostró la omisión e inactividad de la Fuerza Pública en su deber de proteger la dignidad humana, la libertad personal, la vida, la integridad personal y las garantías judiciales de la víctima, pues eran evidentes los constantes actos criminales por parte de las Autodefensas, que actuaron bajo las órdenes de Salvatore Mancuso contra ganaderos de la zona.