Contralora insiste en irregularidades de Supersalud en caso Saludcoop

La contralora general de la República, Sandra Morelli, informó a través de un comunicado que se abstendrá de contestar al superintendente de Salud las declaraciones, teniendo en cuenta que según ella no ha reportado al Gobierno ni a la ciudadanía toda la información en torno al proceso

 “La Contraloría General de la República se permite manifestar que se abstendrá de contestarle al Señor Superintendente Nacional de Salud doctor Gustavo Morales Cobo, toda vez que ese funcionario no le informa ni al Gobierno ni al país que esas clínicas no están registradas como activos ni de la EPS ni de la Corporación IPS, intervenida a pesar de haberse adquirido y seguir financiándose  con la UPC que recibe Saludcoop EPS OC”

 En el comunicado la Contralora cuestiona que el “superintendente de Salud no quiso intervenir todo el grupo y las relaciones entre las entidades que lo componen son tales que la Corporación IPS recibe más del 95 por ciento de sus ingresos de la EPS, aproximadamente 600 mil millones al año. ¿Serán “películas distintas” la EPS y la Corporación IPS, cómo afirma el superintendente?”

 Según la jefe del Organismo, el Supersalud no atendió las advertencias de cobijar con la medida de intervención a todo el Grupo. “La Contraloría dictó un fallo de responsabilidad fiscal y logró asegurar algunos activos para devolver al Sistema  $1.4 billones de pesos que se habían desviado de su legítimo destino, sin que se afecte ni se vaya a afectar el servicio”

 “Un mes después el Superintendente de Salud, hace nugatorio el fallo y ordena levantar embargos. La ley indica las alternativas para preservar los recursos y proteger los derechos humanos. Estas discusiones tratando de reinterpretar lo decidido no son de buen recibo en la ciudadanía, confunden y no se compadecen con el adecuado cumplimiento de la Constitución y de la Ley”

 Al respecto el superintendente de Salud ha manifestado que la intervención sobre Saludcoop IPS no afectará de ninguna manera los procesos que adelanta la Contraloría por el detrimento patrimonial que se falló, al igual que las investigaciones y medidas cautelares a que haya lugar