Contraloría cuestiona gastos en pólizas e intermediación en la contratación pública
El organismo de control levantó el embargo sobre la aseguradora La Previsora, que canceló 15.800 millones de pesos, por 4 pólizas de la polémica contratación con la Unión Temporal.
La Contraloría General de la República cuestionó el funcionamiento del aseguramiento a través de pólizas en la contratación pública que calificó como insuficiente, al igual que los costos que se generan por la intermediación y asesoría durante estos procesos
El organismo de control realizó esta reflexión, luego de levantar el embargo sobre la aseguradora La Previsora, que canceló 15.800 millones de pesos, por 4 pólizas de la polémica contratación entre la Licorera del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A., que dejó un detrimento superior a los 112.000 millones de pesos
Lo anterior se logró luego de una larga discusión jurídica, porque la aseguradora insistía en solventar la obligación con una cifra de apenas $3 mil millones, que corresponde solamente al valor de la póliza de un año, cuando la contratación se realizó por 4 periodos (desde el 2008 hasta el 2011)
Más allá de ese caso concreto, “el asunto debe ser examinado rigurosamente, porque el Estado debe preguntarse sobre la racionalidad del aseguramiento, ante perspectivas realmente insuficientes de reparación por parte de las aseguradoras”
“Igualmente resultan altamente cuestionables los costos que avienen generándose para las entidades públicas en materia de intermediación y asesoría, resultando a la postre, inadecuadamente aseguradas contra los actos de sus directores, administradores y en general de los gestores fiscales”, lo anterior porque finalmente los sucesos asegurados no corresponden con los riesgos incurridos y siniestros causados
La entidad manifestó a través de un comunicado que además están las “cláusulas exonerativas de responsabilidad, de la letra menuda de las pólizas que no se compadecen con la naturaleza de la responsabilidad fiscal y la del recurso público”
Dijo que estas cláusulas han sido motivo de una amplia discusión a nivel internacional, porque en ocasiones su interpretación resulta inequitativa para los intereses de los consumidores, en este caso los directores y administradores del servicio público, al igual que para los intereses del amparo del patrimonio del Estado.
