Gobierno e indígenas se enfrentan por desarrollo de consultas previas

El Gobierno Nacional reveló que en el último año se invirtieron más de 12.000 millones de pesos en consultas previas con las comunidades indígenas y afrodescendientes, que no han arrojado ningún avance concreto para la presentación de varios proyectos de ley en materia medioambiental, como la ley de desarrollo rural, la reforma a las CAR o el Código Minero. El viceministro para la Participación Política, Aníbal Fernández de Soto, dijo que en promedio, en cada consulta previa, el Gobierno invierte 4.000 millones de pesos entre comunidades afrodescendientes e indígenas, y denunció que hay prácticas transaccionales por parte de los grupos minoritarios, para favorecer a intermediarios. "Entonces ahí estamos hablando de más o menos 12.000 millones de pesos que el Gobierno ha apropiado y está en función de ejecutar en el marco de estas consultas, pero también hay otras iniciativas que se han consultado, la ley de víctimas, el plan nacional de desarrollo", sostuvo Fernández de Soto

El funcionario dijo que "no podemos aceptar bajo ninguna consideración que haya intención de que la consulta se entienda como un mecanismo transaccional y, entonces, quien está interesado en impulsar un proyecto compre conciencias de las comunidades y a partir de ahí se logren acuerdos para avanzar, eso es inaceptable", haciendo referencia explícita a intermediarios e intereses particulares por parte, en varias ocasiones, de las mismos grupos minoritarios. Por su parte, el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, recordó que en el caso de la Ley de Desarrollo Rural, en su momento, no se presentó el proyecto final a tiempo, pero que hubo una discusión en ese sentido, a comienzos de 2012, entre el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. "Nosotros no podemos aceptar, desde ningún punto de vista, que se le quiera decir al país cosas amañanadas, el movimiento indígena rechaza categóricamente esas afirmaciones y nosotros consideramos que ese (la consulta previa) es un derecho fundamental", sostuvo Arias. Sobre el tema, los ministros del Interior, Ambiente, Agricultura y Minas y Energía se reunirán con la Corte Constitucional el próximo 20 de febrero, tras la cancelación de ese encuentro programado para este miércoles.