Mineros informales del bajo Cauca recurren a la tutela por incumplimiento del Gobierno
Los 4.500 mineros buscan hacer respetar sus derechos humanos por las autoridades del Estado porque además han sido víctimas de extorsión y amenazas por parte de grupos ilegales
Debido a la falta de soluciones jurídicas y políticas concretas para evitar la violación al debido proceso, la dignidad humana, la criminalización de la minería tradicional, además del incumplimiento del Gobierno Nacional en el respeto de las garantías de los mineros informales en los procesos de formalización conforme a la ley 685 de 2001 y la ley 1382 de 2010, unos 4.500 mineros tradicionales del Bajo Cauca Antioqueño, han instaurado una tutela
Esta acción legal busca evitar un perjuicio irremediable que pueda afectar no solo a la comunidad minera sino la economía regional de Antioquia, generado por acciones gubernamentales irregulares debido a la falta de una consistente política pública en el tema minero
En su petición los mineros solicitan al Tribunal Administrativo de Antioquia ordenar a las autoridades garantizar el debido proceso, suspendiendo provisionalmente la aplicación del decreto 2235 de 2012, que trata de la destrucción de maquinaria, definir un debido proceso que permita el derecho de defensa, si es el caso, instar a las autoridades competentes para que procedan a revocar directamente el mentado decreto por ser abiertamente inconstitucional e ilegal
Además de abordar el estado de cosas inconstitucionales que viene afectando los derechos humanos de los mineros tradicionales de la región y ordenar a todas las autoridades del orden nacional implementar controles en los operativos que la fuerza pública realiza, y controles a la actividad judicial que viene desarrollando la Fiscalía General de la Nación y los jueces de control de garantías que son violatorios del principio de legalidad
Estos 4.500 mineros tradicionales, quienes pertenecen a 70 minas en proceso de legalización o formalización en el Bajo Cauca Antioqueño, además de ser afectados en sus derechos humanos por las autoridades del estado, también vienen siendo víctimas de constreñimiento, extorsión, y amenazas por parte de grupos al margen de la ley
Los mineros tradicionales ante los abusos y arbitrariedades del Gobierno Nacional y de las autoridades de todo orden, reclaman de la Justicia que les ordene cesar cualquier acción u omisión violatoria de los derechos humanos, que cumplan la ley, que realicen los ajustes normativos necesarios, e implementen mecanismos prácticos que permitan diferenciar la minería criminal de la minería informal.
