Trámites judiciales también subirán con el salario mínimo

El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia, tales como modernización y descongestión

El arancel se generará en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales

Como regla general, la tarifa del arancel judicial es del 2 por ciento, sin embargo para los casos en que el proceso termine de manera anticipada la tarifa será del 1 por ciento de la base gravable. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Ni tampoco podrá cobrarse a la personas de los niveles del Sisbén 1y 2

En caso de pagos parciales, la tarifa se liquidará separadamente para cada uno de ellos, independientemente de su monto, es decir demandante y demandado. Básicamente, en cuestión judicial, el aumento del salario mínimo también aumentara el costo de: cuantías, pagos de peritos, multas por tutelas o desacatos, embargos, exhortos, inscripciones y anotaciones en registros públicos, elaboraciones de actas por embargo, secuestro de bienes, gastos del litigante, procesos de liquidación, trámites especiales, recursos o apelaciones, entre otras.