Pagarán $1.000 millones a familias que perdieron sus casas en medio de fuego cruzado
Se ordenó al Ejército el pago por concepto de perjuicios morales, pues fueron obligados a salir de sus sitios de residencia, lo cual les causó profundo dolor, aflicción y tristeza.
El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Ejército Nacional por la incineración de varias casas donde habitaban cerca de 20 personas, durante enfrentamientos entre el Ejército y guerrilla. Con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, se ordenó el pago por concepto de perjuicios morales, pues fueron obligados a salir de sus sitios de residencia, lo cual les causó “profundo dolor, aflicción y tristeza, debido a las violentas y traumáticas circunstancias en que se produjeron los enfrentamientos”
Los hechos materia de investigación ocurrieron en inmediaciones de la vereda San Gil del municipio de Florián, Santander, el 18 de mayo de 1993, donde se presentaron enfrentamientos con un grupo insurgente que desencadenó la incineración de bienes muebles e inmuebles de algunos habitantes de la zona
En la sentencia, el alto tribunal reiteró que dentro de la normativa del Derecho Internacional Humanitario se encuentra el principio de distinción, que consiste en que las partes de un conflicto deben distinguir entre objetivos militares y personas o bienes civiles
Señala el fallo que no se desconoce el papel de las Fuerzas Militares en defensa del sistema constitucional y del Estado de derecho, como tampoco la complejidad inherente al cumplimiento de dichas funciones en ciertas zonas del país caracterizadas por la presencia de los diferentes grupos armados al margen de la ley
