Mancuso insiste en que se reunió con Álvaro Uribe entonces gobernador de Antioquia
Agregó que a esa cita lo llevó el entonces comandante de la Policía de Córdoba, Raúl Suárez.
El extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recluido en una cárcel de Estados Unidos, reiteró que se reunió con Álvaro Uribe cuando el expresidente era gobernador del departamento colombiano de Antioquia
A la pregunta de una magistrada de si se había reunido con Uribe antes del 2002 por cuestiones diferentes a las de orden político, Mancuso señaló: "sí, me reuní con él", aunque no ahondó en los temas que trataron
Las declaraciones ante la justicia de quien fue el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas entre 2003 y 2006 durante el Gobierno de Uribe, fueron divulgadas hoy por Canal Capital, de la televisión pública de Bogotá
En una audiencia, Mancuso señaló que una de las reuniones se produjo cuando Uribe era gobernador de Antioquia (1995-1997), en la finca del Ubérrimo, en el departamento de Córdoba, propiedad de la familia del ahora expresidente
Agregó que a esa cita lo llevó el entonces comandante de la Policía de Córdoba (departamento vecino de Antioquía y en el norte de Colombia), Raúl Suárez
No es la primera vez que Mancuso vierte acusaciones contra Uribe sobre su supuesta relación con paramilitares
En mayo pasado, el expresidente anunció que iba a demandar al antiguo jefe paramilitar por haberle atribuido nexos y conspiraciones con la disuelta organización de las AUC
En declaraciones a Caracol Radio, Mancuso dijo entonces desde la prisión estadounidense de Warsaw (Virginia), en la que está recluido desde que fue extraditado en 2008, que, además de reunirse con Uribe, hizo aportaciones a su campaña de reelección en 2006
Mancuso, ganadero de ascendencia italiana, se desmovilizó en virtud a un acuerdo con el Gobierno de Uribe que concluyó en 2006 con el desarme de más de 31.000 paramilitares
El antiguo mando máximo de las AUC fue entregado a EEUU junto a otros doce exjefes de la banda, todos ellos reclamados por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo en ese país.
