Piden restitución de predios en Mutatá, zona de Urabá
Los relatos de los líderes campesinos serán fundamentales a lo largo del proceso, que continuará el próximo 13 de agosto.
La Fiscalía 25 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución le solicitó a un magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz que restituya 12 predios ubicados en la vereda Guacamayas, del corregimiento Belén de Bajirá de Mutatá
Según lo expuesto por el Ente Investigador, luego que las familias debieron abandonar la región por cuenta de la violencia paramilitar, fueron forzadas a vender sus tierras a bajos precios a comisionistas que luego conformaron un proyecto ganadero de gran envergadura, cuyo propietario actual es Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda, empresa que asegura que compró de buena fe y de acuerdo con los campesinos
Los relatos de los líderes campesinos serán fundamentales a lo largo del proceso, que continuará el próximo 13 de agosto
Según lo ha documentado la Fiscalía, para los hermanos Castaño, Belén de Bajirá era un objetivo de alto valor pues se trataba de un corredor natural utilizado por la guerrilla y a través del cual conectaba fácilmente con los corregimientos Blanquizet, Macondo y Nuevo Oriente de Turbo; y Barranquillita, de Chigorodó y para apoderarse de este corredor, los paramilitares prepararon una feroz arremetida que inició en abril de 1996. En noviembre de 2009 la desaparecida Comisión Regional para la Restitución de Bienes le había solicitado al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín resolver, de manera urgente, la situación jurídica de 18 predios, entre ellos estos doce de Guacamayas. Pero en esa ocasión, la audiencia, programada para el 21 de enero de 2010, fue cancelada por decisión de un magistrado de ese Alto Tribunal debido a que el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, no fue notificado a tiempo
Luego vinieron dos audiencias más en las que el funcionario judicial determinó que no tenía competencia para fallar en estos procesos, pero un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia determinó que los magistrados con funciones de control de garantías de Justicia y Paz sí podían resolver en los casos de despojo de tierras.
