Decisión judicial suspende la construcción de sistema de transporte en Manizales
El demandante el reconocido ecologista Enrique Arbeláez dijo que la justicia contenciosa administrativa admitió que la obra desestima y desconoce el valor cultural e histórico.
Un juez administrativo de Manizales en una sentencia sin precedentes en la historia jurídica del país, reconoció el derecho al patrimonio histórico y a la memoria colectiva de los pueblos al ordenar la suspensión inmediata de las obras de construcción del cable aéreo en el municipio de Villamaría en las que se habían invertido 10 mil millones de pesos
La providencia resultado de un trámite de una acción popular reconoció la petición de los demandantes que consideraron que la compra y posterior demolición de cinco viviendas entre otras; una sede consistorial religiosa y otra cultural cerca al parque principal, afectó el patrimonio histórico y cultural de la localidad cercana a Manizales y de 60 mil habitantes
La decisión de primera instancia y apelable ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas ordena como medida precautelar suspender las obras y la continuidad de los trabajos y la compra de predios con las que se pretende mejorar el transporte entre la población y Manizales y desarrollar además el turismo hacia la región central de Caldas
El demandante el reconocido ecologista Enrique Arbeláez dijo que la justicia contenciosa administrativa admitió que la obra desestima y desconoce el valor cultural e histórico de los bienes inmuebles y los derechos colectivos de la identidad cultural y social de las comunidades y de sus ciudadanos
Del proyecto con un costo cercano a los 20 mil millones de pesos y ejecutado en un 50 por ciento son accionistas el banco del departamento, Inficaldas, y las alcaldías de Villamaría y de Manizales
El gobernador de Caldas Guido Echeverry Piedrahita criticó el proyecto aduciendo que “como se les ocurre construir la base de un cable aéreo en plena plaza principal y desconociendo las normas de la urbanización y la estética”, por lo que ratificó que no apelará el fallo judicial. Las autoridades administrativa de la población analizan salidas jurídicas y los argumentos que esgrimirán en la apelación ante el tribunal
