Gobierno considera que Rojas Birry debe someterse a justicia ordinaria
La ONIC espera un pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura para definir si la justicia indígena puede asumir el caso del expersonero de Bogotá.
La posición del alto Gobierno conocida por Caracol Radio indica que el expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry cometió un delito ordinario, por lo que debe presentarse ante las autoridades
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Según el Ejecutivo, el enriquecimiento ilícito que le fue comprobado al exfuncionario por sus nexos con la pirámide DMG, nada tienen que ver con sus obligaciones como ciudadano indígena, por ello no pedirá conceptos al Consejo de la Judicatura para resolver la situación, y sí debe haber claridad, deberá hacerlo el juez que profirió la sentencia
Entre tanto el Inpec, a través de su director, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, anunció que en La Picota y en un centro de reclusión indígena se podrá internar a Rojas Birry
“A mí me corresponde recibirlo, recluirlo, asegurarlo. Tenemos pabellones especiales para exfuncionarios y sitios especiales para indígenas”, explicó el general Ricaurte
El Gobierno pidió que el exfuncionario se entregue pacíficamente a las autoridades
ONIC espera pronunciamiento del Consejo Superior de la JudicaturaEl consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Luis Elvis Andrade, dijo que la Guardia Indígena continuará custodiando en su casa al condenado ex-personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, hasta que el Consejo Superior de la Judicatura determine si acepta que la justicia especial de esas comunidades asuma el conocimiento de su caso, desde la investigación hasta su sentencia, si se le encuentra culpable
El dirigente aseguró que no se trata de una maniobra para eludir el cumplimiento de la condena de ocho años que la impuso la justicia ordinaria, sino que el objetivo es hacer respetar la vigencia de un tratamiento especial que frente a una conducta punible pueden tener los miembros de los pueblos aborígenes, como Rojas Birry
Denunció que en su proceso pudo haberse presentado una actitud de racismo o discriminación por parte de las instituciones, que sólo lo condenan a él, mientras no vinculan al caso DMG a muchas otras personas que se beneficiaron o permitieron con su actitud tolerante que esa pirámide hiciera lo que hizo. Sobre la pena que purgaría el expersonero bajo las leyes de su pueblo, Andrade aseguró que no sería superior a 8 años y podría consistir en servicio comunitario, privación de la libertad y hasta períodos prolongados de permanencia en el cepo
