Denuncian detrimento patrimonial en el Sistema de Transporte Integrado de Manizales
El detrimento es por once mil millones de pesos, invertidos en la adquisición de la plataforma tecnológica, en una evidente violación de la ley y de las normas de transporte y de movilidad.
La Contraloría General de la República reportó detrimento patrimonial en el Sistema de Transporte Integrado de Manizales, Tim, por once mil millones de pesos invertidos en la adquisición de la plataforma tecnológica y cuyo contrato se suscribió con la empresa Infomanizales, en una evidente violación de la ley y de las normas de transporte y de movilidad
El informe del organismo de control indica que los equipos no se utilizaron y que en la implementación de la nueva estrategia de transporte se violaron las normas de contratación y no se acataron los requerimientos de Planeación Nacional y del Conpes para darle solución a los problemas de movilidad en la ciudad
Según la Contraloría, la tecnología y aparatos no se utilizaron y por los errores administrativos y jurídicos el sistema fue suspendido por un juez de la República luego de operar 48 horas, y de haberse invertido en el proyecto 20 mil millones de pesos. La justicia encontró que se violaron las normas básicas de los derechos colectivos de la movilidad, la debida información y la socialización de iniciativas implementadas por el Estado, más cuando se trata de un servicio público
El nuevo gerente del sistema, Carlos Alberto Ariztizábal, indicó que hoy el sistema está totalmente paralizado y que su labor en la reciente administración es resolver los problemas jurídicos, definir su reactivación, terminación de la sociedad o de su razón social para implementar otro esquema de transporte
Sobre la declaratoria de detrimento patrimonial, el abogado Francisco González, quien entabló la acción popular que ordenó suspender el Tim, dijo que el concepto de la Contraloría era obvio y elemental dadas las graves y considerables irregularidades y el desconocimiento de las normas contractuales y de la contratación estatal.




