Juristas rechazan prescripción de pena del mercenario israelí Yair Klein
El israelí había sido condenado por un fiscal en Caldas por el delito de conformación de grupos paramilitares en Colombia.
Juristas de Caldas consideraron que el desconocimiento e irrespeto de las decisiones de los jueces colombianos en las Cortes internacionales fue lo que llevó a la prescripción de la pena de prisión de 10 años al mercenario israelí Yair Klein, condenado por la conformación de grupos paramilitares en Colombia
El vicepresidente del Tribunal Superior de Manizales, magistrado Álvaro José Trejos, indicó que Cortes internacionales, el Tribunal de Estrasburgo y la Corte Penal europea, negaron la extradición de Klein en Rusia y en Israel donde fue encontrado por la Interpol, luego de una búsqueda de más de seis años
El jurista indicó que fue una batalla del Gobierno y el Ministerio de Justicia sin que se tuviera respuesta al aducir los abogados y los organismos internacionales que en Colombia no existían cárceles de máxima seguridad para garantizar su vida, lo que según Trejos fue un argumento peregrino cuando la situación es totalmente contraría ya que en el país existen los centros de reclusión más seguros del mundo
Según el magistrado, fue un irrespeto con la justicia colombiana a la que se le exige al máximo en los estrados internacionales. No valieron los argumentos de la Cancillería colombiana y en su momento de los ministros de turno, lo que hizo que se vencieran los términos y pierda vigencia la condena en segunda instancia de diez años de detención carcelaria emitida por la máxima autoridad de la justicia ordinaria en Manizales
Explicó que eso se veía venir y es una situación muy grave teniendo en cuenta los delitos que cometió en el país, entre otros ayudar a la creación y formación de grupos ilegales de autodefensa en la zona del Magdalena Medio en la década de los años noventa del siglo pasado
En el anterior sistema penal en 1999 un fiscal en Caldas condenó al israelí Klein a 14 años de prisión, fallo que fue apelado por sus abogados ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales que en el 2001 ratificó la decisión, pero redujo la detención carcelaria a 10 años con el pago de mil salarios mínimos legales vigentes.
