Hermanos Dávila Abondano no aceptaron cargos por escándalo de AIS

Los hermanos Juan Carlos, Alberto y Alfonso Dávila Abondano, en compañía de Jesús Carreño, Guillermo Barrios del Duvca, Luis Miguel Vergara y Germán Zapata, empleados del Grupo Empresarial Daabon, no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía. Todas estas personas están involucradas en la apropiación, presuntamente irregular, de subsidios para proyectos de riego y drenaje en desarrollo del programa Agro Ingreso Seguro. De acuerdo con el fiscal del caso, Cesar Augusto Bejaine, los términos de referencia para las convocatorias que pretendían entregar subsidios de Agro Ingreso Seguro, beneficiaron a los grandes empresarios, como los Dávila Abondano, y excluyeron a los pequeños y medianos productores

"Lo cierto es que este programa terminó engrandeciendo el capital de los grandes productores (...) Y se causó un detrimento patrimonial de 288 mil millones", explicó Bejaine, en referencia a los contratos que fueron aprobados en 2008 y 2009 por el Comité Administrativo en cabeza del Ministerio de Agricultura. Bejaine explicó por qué los empresarios fraccionaron los predios para obtener mayores subsidios. "Y es que según los términos de referencia, en su numeral 1.9 de la convocatoria 1 de 2008, derivada del convenio 055 de 2008, el apoyo máximo del proyecto era de 600 millones de pesos, y no podía exceder de siete millones de pesos por hectárea", señalo. Indicó que frente al predio Las Mercedes, que habrían fraccionado los Davila Abondano en Riohacha para obtener mayores recursos del programa AIS, Zapata Hurtado, representante de la firma Ecobio, que hacia parte del grupo Daabon, presentó el proyecto Las Mercedes Parte 1 de 97,9 hectáreas

"Hubo varias modificaciones (...) El aumento en el tamaño del predio a 103 hectáreas, prorrogas de plazos de ejecución de obras (...) Y es que la Fiscalía llama la atención sobre la recomendación de la firma interventora acerca del cambio en el tamaño del predio. Esa situación no se advirtió", señaló el fiscal del caso, quien agregó que la suma desembolsada fue de 327 millones 357 mil pesos. Así como este fraccionamiento, explico la Fiscalía, se efectuaron otros dos y tenían como características que los cañones de arrendamiento eran muy bajos (500 mil pesos en promedio), los arrendatarios y arrendadores eran los mismos trabajadores del grupo Daabon, se hicieron modificaciones y prorrogas de ejecución de obras e igualmente se solicitaron varias concesiones de aguas. Los delitos que imputó la Fiscalía y por los que pagarían mas de ocho años de cárcel son peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado, por los que pedirá medida de aseguramiento en su contra en el transcurso de la tarde de este martes.