Sala Administrativa de la Judicatura respondió a informe de la Contraloría

La sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura respondió al informe revelado por Caracol Radio en el que se da cuenta de 116 hallazgos de aparentes anomalías en la actividad de la corporación y aseguro que los responsables deben asumir la responsabilidad de forma individual

Mediante un comunicado del cual no se aceptaron preguntas, el presidente encargado de la corporación, Néstor Raúl Correa, dijo que acatan lo dicho por la Contraloría y que la nueva sala no tuvo injerencia en determinaciones anteriores

Aunque se dio esta explicación, manifestaron en no estar de acuerdo con el pronunciamiento de la Contraloría, pues el plan de descongestión si sirvió ya que se evacuaron más de 771 mil 261 procesos y no se tuvieron en cuenta las explicaciones enviadas el pasado 15 de diciembre

Este es el comunicado de la Sala:La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se permite informar a la opinión pública que acata las decisiones de la Contraloría General de la República, pero aclara que tales hallazgos corresponden a períodos anteriores

Los presuntos casos de responsabilidad encontrados por la Contraloría deberán ser asumidos a título individual por las personas que esta entidad de control identifica

Es preciso recordar que los hallazgos de la Contraloría se refieren a unos tiquetes aéreos del año 2007, a unas edificaciones para la justicia de varios años atrás y a la política de descongestión, la cual, contrariamente a lo expresado por la Contraloría, ha producido importantes resultados. En efecto, las medidas de descongestión adoptadas por la Sala han logrado reducir el inventario en 771.261 procesos en los últimos tres años y en 337.180 procesos en los primeros nueve meses de este año, atendiendo por esta vía el 22% de la demanda total de justicia en Colombia. Además esas medidas lograron disminuir los costos por proceso, pasando de $3.477.622 pesos en el año 2007 a sólo $408.347 pesos en este año. Y actualmente el índice de evacuación es del 118%, o sea que hoy por cada cien procesos que ingresan, se terminan 118 procesos

La actual Sala Administrativa celebra que los órganos de control fiscalicen la gestión pública y vigilen la buena destinación de los recursos públicos, en el marco del respeto del derecho al debido proceso. Sin embargo existe la preocupación por el hecho de que la respuesta de la Sala Administrativa a las observaciones iniciales de la Contraloría se remitieron oportunamente el día 15 de diciembre pasado, a las 5:00 pm, pero a las 3:51 pm del mismo día el ente de control fiscal radicó en la Sala Administrativa su Informe Final, de manera que las explicaciones y la defensa de esta Sala no fueron escuchadas

En todo caso la nueva Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra hoy en día comprometida con el riguroso cumplimiento del más alto estándar ético y jurídico que su labor exige

Néstor Raúl Correa HenaoPresidente (E)Más de 100 irregularidades encontró la Contraloría en la Sala administrativa del Consejo Superior de la JudicaturaCaracol Radio tuvo acceso al documento de la Contraloría que devela 116 hallazgos que hacen que la evaluación de la labor de la sala Administrativa del Consejo Superior sea desfavorable

Dentro de los hallazgos, dice la Contraloría, hay 67 con posibles implicaciones administrativas, de los cuales 7 tienen presunta connotación fiscal, 15 con presunta connotación disciplinaria, 1 con presunta connotación penal

Son múltiples los presuntos hechos irregulares como la deficiencia del plan de descongestión, la compra de tiquetes, fallas en los procedimientos de contratación, entre otros

Descongestión Dice que el Plan Nacional no ha generado ninguno de los resultados propuestos, pese a una destinación y ejecución efectiva de recursos que han ascendido a $490 mil 000 millones. Señala el informe que “la situación expuesta evidencia una inversión de recursos carente de planeación, que no se soportó en seguimientos y controles efectivos, como tampoco presenta procedimientos adecuados a las necesidades, situación que la convierte en una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica, generando la perdida efectiva de los recursos invertidos e incrementando el riesgo en la prestación del servicio público de justicia”

Legalización tiquetes aéreosEn la verificación de los soportes de pago del contrato se evidencia la existencia de catorce facturas de venta expedidas por la firma contratista, sin observarse los pasabordos o soporte de utilización del servicio de transporte aéreo por parte de los invitados internacionales, lo que dificulta establecer el uso de los tiquetes de acuerdo al objeto del contrato

Según la Contraloría, esto evidencia debilidad en los mecanismos de control para la verificación de los recursos ejecutados por este concepto

Suministro de papeleríaLa Contraloría encontró que se adjudicó y contrató bajo la modalidad de selección de menor cuantía la adquisición de papelería y útiles de oficina para los despachos judiciales por un valor de 198 millones, sin tener en cuenta que existía una cotización de 99 millones de pesos, originando un presunto daño patrimonial

Gastos en arriendosEl Consejo Superior ha incurrido en gastos de arrendamiento por valor de 1.260 millones, soportados en las demoras en la entrega de las obras, lo que denota una acción antieconómica para la entidad para efectos de prestar el servicio público de justicia en la ciudad de Manizales El informe de la Contraloría relata que se observo un desabastecimiento de los insumos de impresión para los Despachos Judiciales, ocasionando riesgo de parálisis de las labores misionales por carencia de herramientas de trabajo, situación que se presento según la entidad de control por deficiencias en las labores de planeación

Manejo de la información La Contraloría dice que la información de la entidad en el desarrollo de sus planes, programas y proyectos, no es oportuna ni confiable, tal como se evidencia en los avalúos y costos de obra, la cual no coincide con los valores reales de los inmuebles, ni con los recursos ejecutados, de conformidad con los avances y cierres de obras

Lo anterior obedece a la falta de seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos y genera que las decisiones no se tomen sobre reportes y datos ciertos

Obras inconclusas El Consejo Superior de la Judicatura no ha ejecutado las obras en los términos en que se han proyectado generando construcciones inconclusas, que han durado más de 10 años en su construcción o que a la fecha no se han terminado y cuyos costos han sobrepasado los límites del 300% con relación al valor proyectado

Un ejemplo de este caso es el el Palacio de Justicia de Mocoa, cuya construcción se inició en el año 1996, con una proyección de valor de obra de 1.800 millones de pesos y solo se terminó en el año 2010, con una inversión real del recurso de 7 mil 879 millones, es decir un aumento de costo de 337.7%

En el caso del Palacio de Justicia de Yopal, obra que a la fecha se encuentra suspendida, los sobrecostos podrian llegar a un 49% del valor inicial, el Palacio de Justicia de Cali, presenta una demora de año y medio, con un diferencia que supera el 300% del valor inicialmente proyectado

Contratos de obra en Paloquemao En visita practicada a las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao, Torre E, con la participación de un delegado de la entidad y los ingenieros de la firma interventora, se estableció que en los pisos 3 y 4 se ejecutaron mayores y menores cantidades de obra en razón a unos cambios de aprovechamiento de áreas de la obra inicial pasando de 7 Salas de Audiencia a 12 Salas aproximadamente con sus oficinas

En el recorrido que se efectuó a algunas salas de audiencia que se encontraban disponibles, se observó daños y deterioros en los pisos nuevos instalados, en la pintura de las paredes, en el cielo raso, ausencia de cavidad total de lámpara de techo (balastros, bombillos) en una sala de audiencia, de lo cual en los documentos contractuales revisados no se observan indicios de estas situaciones ni de la aplicación de las garantías. Al respecto la entidad no ha realizado seguimiento a las obras entregadas mediante Acta de Recibo del 02 de enero de 2010, evidenciándose ausencia de mecanismos de control a las actividades poscontractuales de los contratos de obra y falta de aplicación de las garantías por deterioro y calidad de los materiales utilizados en la obra.