Naciones Unidas expresan preocupación por violencia de grupos armados de desmovilizados en el país

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura que la violencia ejercida por grupos armados de desmovilizados ha aumentado

Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicó en su último balance en el cargo, que los avances más importantes en materia de la defensa de los Derechos Humanos en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero así mismo explicó que la violencia de los grupos armados pos desmovilización, es la mayor preocupación. Según Salazar la tendencia de la violencia por estos grupos ha aumentado en varios municipios del país, por lo que preocupa la situación de los líderes comunitarios en zonas de influencia de estos grupos armados

“La oficina observó la intensificación de la violencia generada por estos grupos armados ilegales, en el año 2010, pero esta tendencia se mantuvo en el 2011. Conocimos casos de extrema crueldad en varios municipios del país, cometidos por los ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Los Paisas’, entre los que se vieron asesinatos, amenazas, maltratos físicos, psicológicos y verbales, extorsiones a gran escala, desplazamientos forzados individuales y colectivos y actos de actos de violencia sexual y explotación a niños y mujeres” hizo énfasis. Para la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la situación del departamento de Nariño es particular. Según expresó Salazar encontraron casos de violación de derechos humanos en los que las víctimas “fueron golpeadas con machetes, amenazados a ser descuartizados y obligados a trabajo forzosos” explicó

Christian Salazar además explicó que se evidenciaron otros casos, en los que los grupos armados ilegales, que se constituyeron luego de las desmovilizaciones masivas, llevaron a cabo juicios públicos a habitantes de veredas que tienen presencia constante de esa delincuencia. Según Salazar en estos casos, “se les obligaba a las víctimas llevar etiquetas que indicaban las supuestas razones del juicio” explicó

Además la oficina recibió información de víctimas que fueron desnudadas, violadas o sometidas a tratos denigrantes como el de comer materia fecal de animales

Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos además aseguró que en el país cada vez se ratifica más la práctica del reclutamiento de niños y jóvenes por estos nuevos grupos armados de desmovilizados

Salazar aseguró que todos estos casos se presentaron en el país hace pocos meses, causando en los diferentes municipios, más vulnerables en materia de seguridad, en el país, terror y que afectación al oficio legitimo de la defensa de los derechos humanos. Agregó que por todo ello los líderes sociales y comunitarios corren riesgo día a día “por el abandono y total desprotección del Estado”

Frente a la situación nacional, Salazar hizo un llamado al Gobierno para que trabaje en los temas de prevención, ya que la falta de oportunidades es el principal motivo, por el que los jóvenes del país, siguen ingresando a los grupos armados y pidió que sea necesario establecer políticas públicas que respondan a la problemática

“Esto pasa ya que Colombia no cuenta con una política de juventud e institucionalidad lo suficientemente fuerte que permita evitar las violaciones de derechos humanos” agregó

Así mismo refiriéndose al caso Mapiripan, explicó que “hay mucho en juego, por eso me preocupa los intentos de estigmatizar a las víctimas y de desprestigiar su organizaciones, sus representantes y abogados”. Según Salazar esta estigmatización busca debilitar la ley, incluso antes de que comience a implementarse la ley de víctimas de restitución de tierras. Por ello dijo que el Estado, la sociedad y la comunidad internacional, deben “respaldar a las víctimas y sus organizaciones y la implementación de la ley”

El Apoyo que brindará al proceso de implementación de la ley de víctimas y restitución de víctimas· La observación del proceso en cuanto a las amenazas y ataques a la vida de los reclamantes o funcionarios públicos que intervienen en el proceso

· La asesoría técnica en la construcción de una política nacional de protección integral· La formación técnica de los jueces agrarios internacionales de justicia transicional, la protección de los derechos humanos, y derecho a la tierra· Campaña nacional sobre derechos a la protección y la restitución.