Justicia

Contraloría advierte irregularidades en construcción de nueva sede del Fondo del Ahorro

El organismo de control encontró deficiencias en la planeación y debilidades en el seguimiento y control de un contrato de obra para la nueva sede la entidad.

Contraloría advierte irregularidades en construcción de nueva sede del Fondo del Ahorro

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La Contraloría General de la República emitió una función de advertencia al Fondo Nacional de Ahorro, tras encontrar en una auditoría practicada a la entidad, deficiencias en la planeación y debilidades en el seguimiento y control por parte de la entidad en la ejecución del contrato de la obra de la nueva sede del FNA en el lote ubicado en la Calle 18 No 4 82 en Bogotá

Según explica la función de advertencia, el contrato por 19 mil 781.8 millones de pesos, cuyo objeto es efectuar a precios unitarios la ejecución del proyecto de diseño y construcción de esta nueva sede y que tenía como plazo para su culminación el mes de junio de este año, la Contraloría evidenció la no continuación del objeto contractual, adicionalmente el Fondo Nacional del Ahorro, luego de suscribir sendas actas de suspensión parcial del contrato, aduciría la inviabilidad de la construcción de la nueva sede, atendiendo a un estudio técnico que demostró que el diseño no cumple con las expectativas y la idoneidad de la solución, planteadas por la entidad antes de la contratación

Según la Contraloría a la fecha se han girado al contrato 1.384 millones correspondientes a la elaboración del diseño arquitectónico, tramite de licencia de construcción y demás diseños técnicos y resaltó las posibles deficiencias en la gestión administrativa de planeación y en la supervisión del contrato, que fueron prestadas por la empresa INGEYMA por 23.2 y 139.2 millones de pesos, respectivamente

Así entonces, la Contraloría explica que es necesario reevaluar la pertinencia de la compra del lote realizada en el año 2007, los correspondientes contratos, los pagos efectuados por conceptos de diseños, entre otros lo que podría implicar en un detrimento patrimonial por el orden de 2.430 millones de pesos, sin tener en cuenta los perjuicios que implica para el patrimonio público los mayores costos por el retraso.

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