Carta abierta a los congresistas para evitar la penalización del aborto

Mónica Roa, quien a abogado por la libertad de que sean las mujeres quienes decidan si abortan o no, emitió una carta abierta dirigida a los congresistas en la que les expone por lo menos seis razones para que no se penalice el aborto, tal y como lo contempla el proyecto de Ley de reforma al artículo 11 de la constitución

La misiva de la líder social hace afirmaciones como que “La penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres” y referencia serios estudios de carácter científicos que adelantaron instituciones como el Guttmacher sobre el alto porcentaje de abortos que presentaron complicaciones, por lo que el hacerlos en la ilegalidad aumenta el riesgo de que las mujeres no puedan tener acceso a una atención médica adecuada para salvar sus vidas

La carta es firmada por Mónica Roa y más de 1.490 personas que se sienten identificadas con dicha posición

Este es el texto de la carta de Mónica Roa para los congresistas:Señores, señoras Congresistas de la República de ColombiaConsidero que la iniciativa presentada al congreso colombiano para penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, lejos de atender la realidad, busca un debate ideológico en el que lo menos importante es el bienestar de las personas

Me preocupa observar cómo el tiempo para legislar que tiene el congreso, se gasta en discusiones que van en contravía del respeto a la vida, a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y a los avances de la ciencia. Es lamentable que haga carrera la iniciativa de reformar el artículo 11 de la Constitución para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, y les explico algunos de los por qué:La penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres. Está visto por siglos que cuando una mujer toma la decisión de no tener un hijo, no hay pena en el Código Penal ni en la justicia divina, que la disuada. La ilegalidad sólo la obliga a acudir a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida o su salud. La penalización no es la solución

El aborto es un asunto de salud pública. Según el informe recientemente presentado por el Instituto Guttmacher, una cuarta parte de los 400mil abortos que se practican al año en Colombia, tiene complicaciones. A mayor dificultad para acceder a servicios legales y seguros, las mujeres de menores recursos exponen más su vida. Más que un dilema moral, este es un asunto de justicia social

Enfrentar, no prohibir. Interrumpir un embarazo no es una situación fácil, la disminución en la tasa de abortos es altamente deseable, tanto como la de los embarazos no deseados. La discusión debe estar en cómo mejorar la educación sexual, cómo garantizar el acceso universal a los anticonceptivos y cómo eliminar la violencia sexual. Una verdadera preocupación por el bienestar de los no nacidos debería buscar que se garanticen la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que decidan tener hijos, los niveles nutricionales adecuados para ellas y los servicios de salud que aseguren su bienestar y el de su hijo o hija por nacer

La dignidad de la mujer. Enviar a la cárcel a mujeres víctimas de violación o mujeres que buscan proteger su vida o su salud, es desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno que no puede ser tratada como máquina reproductiva de la especie humana

Esta reforma no protege la familia. Las decisiones de tamaño y forma de la familia, que corresponden a quienes la integran, con esta reforma corren el riesgo de quedar en manos del Estado que podría, amparado en la protección de “la vida desde la concepción”, prohibir procedimientos como la fertilización in vitro. Grupos conservadores y religiosos lograron que esto sucediera en Costa Rica, único país en occidente donde este método de reproducción asistida es ilegal, bajo el argumento de que “una inmensa cantidad de embriones mueren en el proceso”. De igual manera, la Anticoncepción de Emergencia –AE y el Dispositivo Intra Uterino –DIU, podrían ser catalogados como abortivos y, en consecuencia, prohibirse

Bloquea avances legislativos a mandatos constitucionales. La muerte asistida y el derecho a morir dignamente fueron declarados acordes con la normativa constitucional colombiana desde 1998; su reglamentación está desde entonces pendiente en el congreso colombiano. La protección de la vida “... hasta la muerte natural”, cierra de manera definitiva la puerta a desarrollo legislativo alguno en este tema, poniendo en riesgo el ejercicio de derechos a la autonomía y a una vida digna

Espero que mi firma de rechazo, y la de todas las personas que respaldamos esta carta, pongan freno en el congreso a la inclusión de una agenda moral que se presenta en abierta oposición con la realidad y con los principios laicos de nuestra Constitución

Firman,Mónica Roa