Las empresas que habrían usurpado tierras protegidas para personas desplazadas en Meta

Caracol Radio conoció en exclusiva el reporte entregado al presidente Juan Manuel Santos y la Fiscalía sobre el despojo de 187.700 hectáreas de tierra en el Meta y que abarca a varios municipios del departamento

En el informe, de 61 páginas, se detalla la forma en que particulares y empresas aparecen como dueños de tierras con escrituras que tuvieron irregularidades. Un grupo llamado ‘Sociedad Agropecuaria Villa Diana Limitada’ aparece como dueña de al menos 3 predios en Mapiripán y que fueron declarados protegidos por el Estado por riesgo de desplazamiento de la violencia. Lo mismo sucede con la empresa ‘Agroindustrial San Miguel S.A.’ que aparece como dueño de un predio

Otra empresa, denominada Fundación Libertad, es dueña de un predio en este municipio sin tener un título, “sino un certificado con lo cual se está incumpliendo la ley”, de acuerdo con el informe

De otro lado, entre Mapiripán, Granada, La Uribe y Fuente de Oro se concentra la mayor cantidad de despojos al Estado que se habrían fraguado solamente con fotocopias de certificados de propiedad falsos que luego habrían sido autenticados con sellos del Incoder

De acuerdo con cálculos del Gobierno, el 70 por ciento de las hectáreas robadas se produjeron al Estado y el 30 por ciento a víctimas de la violencia

Toda la información está en manos del ente investigador para determinar si estas empresas son tenedores de buena fé o cómplices del despojo

El modus operandi de este robo en el Meta difiere al que ocurrió en Urabá, donde 40 mil hectáreas fueron quitadas a víctimas de la violencia por empresarios y testaferros de paramilitares a través de la homologación de los títulos que terminaron en otros departamentos como Córdoba. Esta vez, el robo parece ser más sofisticado: se falsificaron certificados de tradición, de aclaración de linderos o fronteras de hectáreas, se usaron falsas resoluciones del antiguo Incora y del actual Incoder, tácticas que ya se habían usado en el robo de 60 mil hectáreas por parte de testaferros del abatido narco alias Cuchillo, por lo que no se descarta que los propietarios tengan nexos con la ilegalidad, algo que deberá aclarar la Fiscalía

Aunque hay empresas vinculadas en la investigación del Gobierno se descarta, por ahora, que entidades que tienen participación privada y estatal, como el fondo ganadero del Meta, tenga nexos con este hecho, como ocurrió en Urabá con el fondo ganadero de Córdoba.