Irregularidades en contratos del ICBF serían de un billón de pesos: Procuraduría

En un informe de inspección a 78 contratos que implican recursos por más de un billón de pesos, la Procuraduría encontró serias irregularidades en contratos de asistencia alimentaria, cooperación internacional, producción de bienestarina, entre otros. En el informe de vigilancia, la Procuraduría encuentra que en uno de los contratos de asistencia alimentaria los productos almacenados tenían mal olor, estaban fuera de la cadena de refrigeración, algunos tenían la bacteria de la salmonella y en uno de los casos se encontró que a menores de edad le era proporcionado el refresco frutiño a cambio de bienestarina

Ante este caso, la procuradora delegada para la infancia y la adolescencia Ilva Myriam Hoyos, manifestó que con esta serie de irregularidades no solamente se ha puesto en juego los dineros públicos sino también que se ha jugado con la vida de las personas beneficiadas con la asistencia alimentaria contemplada en los contratos. Manifestó la funcionaria que este informe no pretende emprender una persecución en contra de la Directora de Bienestar Familiar, Elvira Forero, ni tampoco es su deseo llegar a esa entidad. Una de las múltiples irregularidades se dio en el contrato 894 del 2007 cuando se incumplió en la calidad de la bienestarina destinada a más de 9 millones de personas beneficiadas con los programas de alimentación en todo el país. Según la procuraduría hay falta de control ya que en varias estaciones encontraron lotes de bienestarina contaminados por gorgojos, cucarachas, según las pruebas que aplicó el Invima. En este caso el contrato asciende a 643 mil millones de pesos cuya interventoria habría hecho la firma Ponce De León relacionada con el grupo Nule. Esta firma no habría cancelado los aportes para fiscales al momento para la firma del contrato y durante la ejecución no canceló los salarios a sus empleados a pesar de los requerimientos del supervisor. En otro de los contratos suscritos entre ICBF y los Amparo Guerra Peña, Edmundo del Castillo, ex secretario Presidencial y el abogado Jorge Pino Ricci, habrían realizado tareas en las que se habían violentado el principio de la transparencia y selección objetiva. Así mismo se encontraron irregularidades con los convenios de la red de universidades Alma Máter cuyo valor fue cercano a los 198 millones de pesos, celebrados de manera sucesiva donde no se especificara los objetivos del contrato, y no siempre se cuantificó económicamente el aporte en especie además que se permitió la subcontratación lo cual pudo dar lugar a nomina paralela y a que terceros cumplieran. Ante esta situación la procuraduría le pidió a la fiscalía y la contraloría investigar estos hechos.