Los condenados le deben 17 billones de pesos al Estado

Deudas por cerca de 17 billones de pesos tienen con el Estado numerosas personas que han sido condenadas por la justicia. Caracol Radio estableció que los condenados a quienes se les imponen multas en dinero, casi nunca las pagan

La suma exacta, a 31 de diciembre pasado, es de 16 billones 936 mil 461 millones, 613 mil 269 pesos con 30 centavos. Este dinero se impuso en multas y sanciones pecuniarias a condenados en procesos penales y civiles, faltas administrativas o disciplinarias de funcionarios y abogados, en los despachos judiciales de todo el país. Según un informe entregado por la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia, dependencia del Consejo Superior de la Judicatura, sólo en Bogotá los condenados deben más de 7.6 billones de pesos. En Cúcuta, dos billones de pesos; en el Eje Cafetero, un billón de pesos; en Pasto 858, mil millones; en Tunja, 653 mil millones y en Villavicencio, 592 mil millones de pesos

Esta cifra hace parte de 72 mil fallos de los jueces de la República y organismos de control. Hay casos concretos como el de los hermanos Rodríguez Orejuela que deben siete mil millones de pesos

Diez exjefes paramilitares extraditados le deben al Estado 300 mil millones de pesos. Los miembros del secretariado de las Farc deben cerca de 500 mil millones de pesos por multas de 77 condenas. El exministro Fernando Botero Zea no ha pagado 1.000 millones de pesos, y los ex-congresistas condenados por parapolítica deben 200 mil millones de pesos, entre otros. Según el magistrado Álvaro José Trejos, del Tribunal Superior de Manizales, estos dineros son difíciles de recuperar, porque la mayoría de sancionados se insolventa o desde una cárcel les es imposible pagar. El director de la Administración de Justicia en Manizales, Andrés Higuera, indicó que mediante cobro coactivo abogados comisionados para tal fin están en la tarea de recuperar los recursos. Están trabajando en todo el país, pero especialmente en zonas en las que es mayor el impacto del conflicto armado, donde las multas o sanciones pecuniarias son cuantiosas, e incluyen a ilegales del conflicto armado, narcotraficantes y funcionarios públicos

La situación es grave para la justicia, porque dichos dineros se destinan a capacitaciones de la rama judicial, compra de equipos y logística de los despachos, que, por supuesto, no se han podido hacer.