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Hoy se definirá cárcel para primeros implicados en el 'carrusel de la salud'

El fiscal 23 Mario Montes Giraldo, dijo que los implicados son un peligro para la sociedad por lo que deben ir a la cárcel para evitar que dejen de comparecer al proceso.

El Juez 48 de Garantías definirá si impone medida de aseguramiento a los primeros cinco implicados en el llamado 'carrusel de la salud'. Estas personas son investigadas por el millonario desfalco a la administración de recursos del Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga. Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora de análisis de recobro del Ministerio de la Protección Social, Luis Andrés Ruiz Martínez, ex funcionario de Sistemas de la misma entidad y los particulares Edgar Isaías Medina Millán, John Carlos Lemus Rodríguez y Héctor Mauricio Durán Poveda, son quienes podrían ir a la cárcel. Según el fiscal 23 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Montes Giraldo, los ahora imputados deben ser cobijados con medida de aseguramiento, al considerar que son un peligro para la sociedad y además para evitar que dejen de comparecer al proceso. "Hemos logrado, señor Juez, a través de una investigación dirigida por la propia Fiscal y el vicefiscal General de la Nación llegar a desentrañar estos sucesos (...) Todo ello debe ser valorado por usted para determinar que estas cinco personas deben ser detenidas intramuralmente", sostuvo el Fiscal del caso. Dicha petición fue respaldada por el representante de la Procuraduría, quien sostuvo que estas cinco personas sí representan un peligro para la sociedad y porque además podrían destruir evidencias, como ocurrió en este proceso con uno de los investigados

"Nótese que en esta imputación se habla de una organización criminal, hiperactiva (...) Que en libertad inclusive domiciliaria podrían destruir, ocultar evidencias o elementos de prueba como ya lo hizo el señor Santiago Carrascal Bermúdez, cuando fuera sorprendido en flagrancia", precisó el representante de la Procuraduría. La medida de aseguramiento será resuelta por el Juez 48 de Garantías a las diez de la mañana en el Complejo Judicial de Paloquemao, medida que según los abogados defensores será apelada y resuelta por un Juez superior. "Más de 24 mil millones de pesos es apenas una parte del millonario desfalco": Fiscalía Mario Montes Giraldo, fiscal 23 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, reveló algunos correos electrónicos en los que se evidenció el supuesto desfalco al sistema de salud por parte de una red que involucra a funcionarios del Ministerio de la Protección Social, algunos representantes de las EPS y un grupo de particulares. "En el Ministerio de Protección Social y en el Fosyga, desde el año 2006 a la fecha, existe un grupo de servidores públicos, quienes en alianza criminal con personas particulares están dedicados a desarrollar actos de corrupción con el fin de afectar el erario público destinado a la salud de los colombianos", sostuvo el Fiscal

El Fiscal del caso reveló detalles del modus operandi de dicha red que, según él, habría cometido un millonario desfalco y un detrimento superior a los 24 mil 600 millones de pesos, en lo hasta ahora encontrado, y que esto es sólo una parte de toda la evidencia. Asimismo aseguró que las comisiones, que estas cinco personas cobraban, suman por el momento cerca de 444 millones de pesos. De ese dinero se ha logrado establecer, parcialmente, que Claudia Rojas ha recibido más de 118 millones 66 mil pesos; Andrés Ruiz, 45 millones 717 mil pesos; Edgar Medina, 15 millones 550 mil pesos; John Lemus, 24 millones y Mauricio Duran más de 21 millones. Además que por lo menos 137 millones de pesos se han repartido entre ellos. Dichas comisiones del cuatro y seis por ciento, se habrían pagado a través empresas fachadas que actuaban como intermediarias o asesoras en virtud de contratos de prestación de servicios para los recobros de salud que hacían las EPS. "Lo que esta empresa criminal hacía, era saltarse todos esos procedimientos (requisitos para el recobro de las EPS) y a través de mesas de trabajo de manera ilegal procedían a realizar el levantamiento automático de las glosas que se efectuaba por parte del consorcio Fidufosyga 2005 a esas reclamaciones y se procedía a levantar un memorando firmado por Claudia Patricia Rojas Puerta", indicó el Fiscal. Señaló que este procedimiento irregular surgió de las glosas que el consorcio Fidufosyga 2005 imponía en su momento a las reclamaciones por recobro de medicamentos y tutelas presentadas por las EPS y sobre las cuales la decisión final del consorcio en su proceso de auditoria era no pago total o parcial de estas reclamaciones. Agregó que cuando esto ocurría las EPS solicitaban a la dirección de financiamiento el análisis de los recobros glosados en una mesa de trabajo, en la cual se realizaba el levantamiento automático de dichas glosas y que en este proceso era que la red actuaba de manera irregular. "Conociendo de antemano las glosas efectuadas y que esas glosas debían ser además revisadas por parte de un integrante del equipo criminal, para determinar si se levantaban o no, acudían a través de sus socios particulares y a través de empresas de fachada a las distintas EPS y ofrecían sus servicios, recibiendo un porcentaje de lo recaudado por dicha gestión que luego era repartido entre todos los servidores públicos y los particulares que formaban parte del equipo delincuencial", precisó el Fiscal

Agregó que, estas personas, además de conocer las glosas previamente sugerían respuestas a las mismas y proyectaban las correspondientes motivaciones para acceder a los reclamos de las EPS. El personal encargado de esta investigación encontró y evidenció parte de las presuntas irregularidades en varios correos electrónicos, los cuales se interceptaron legalmente y durante la diligencia pública se reveló uno de estos. "En un correo de Claudia Rojas dice (...) Estoy haciéndolo todo por nuestra relación patrimonial, sin embargo insisto que la plata no te va a alcanzar para mis cosas ja ja ja . Pd. Si este levantamiento se hace efectivo tenemos que celebrar", señala una parte de los correos

De otra parte, dijo que la Policía y la Fiscalía sólo han avanzado en una mínima parte de la investigación que no se acerca al uno por ciento de toda la información que se ha recaudado en los correos. Aseguró que esta red tenía diferentes modalidades para llevar a cabo dicha defraudación y que incluso pueden existir cabezas más importantes dentro de dicha organización. El fiscal Mario Montes dijo que no van a utilizar pruebas testimoniales porque son suficientes las pruebas documentales que se hallaron en la investigación, donde se evidencia no sólo el trámite de recobros, sino el pago de comisiones que se hacía a través de terceras personas. De otra parte dijo que la documentación era manipulada por personal ajeno al Ministerio de la Protección Social y un claro ejemplo de ello fue la persona a quien se le encontró una caja con varios escritos que sólo deben tener los funcionarios del Ministerio. "Se pudo percatar que de una de las oficinas que se iban a allanar, la del señor Andrés Ruiz Martínez, se sacaron unas cajas, y al efectuar el seguimiento en la autopista norte con 207 se detuvo el carro donde iba el señor Santiago Rafael Carrascal Bermúdez y al solicitarse la verificación al interior del vehículo, se encontraron dos cajas las cuales tienen documentación con membrete de la Protección Social, un computador (...) y al preguntársele por ellas dijo que las llevaba para la casa de su socio Andrés Ruiz Martínez", explicó el Fiscal. Aseguró que al verificarse con el Ministerio de Protección se evidenció que estos documentos correspondían a documentos originales de solicitud de recobro tramitados por EPS por conceptos de medicamentos originados en comités técnicos científicos y que no debían estar por fuera del Ministerio

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