Gobierno controlará todas las comunicaciones en cárceles
Germán Vargas Lleras radicó ante la Cámara de Representes el proyecto de ley por medio del cual reforma el Código Penitenciario, que rige a las cárceles del país.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó ante la Cámara de Representes, el proyecto de ley por medio del cual reforma el Código Penitenciario, que rige a las cárceles del país
El proyecto de ley pretende modificar el sistema de tratamiento penitenciario estableciendo la obligación de hacer estudios individuales a todos a cada uno de los internos, para así evitar que los internos tengan beneficios por actividades que nunca realizaron
Se plantea el requerimiento legal de poner en marcha la implementación de dispositivos que permitan la interrupción de las comunicaciones no autorizadas, que de forma clandestina realizan los internos, muchas veces con el ánimo de delinquir
También se busca ejercer control de las comunicaciones que se realizan bajo autorización, en el sentido de dejar un registro que permita identificar qué interno realizó la llamada, a quién llamó y cuánto duró la conversación. "No se trata de interceptar la comunicación, sino de llevar control sobre las llamadas en los aspectos ya indicados", resaltó Vargas Lleras
Se establece la posibilidad de que los particulares tengan a su cargo, mediante el sistema de concesión, la administración de establecimientos de reclusión, salvo lo relacionado con la seguridad interna, que seguirá a cargo del Estado
En 20 días se conocerá informe oficial sobre las nueve cárceles militares El viceministro de Defensa, Rafael Guarín, fue designado director de la Comisión de Verificación a las Cárceles Militares que empezó a funcionar este lunes. En dicha comisión tendrá participación el inspector de las Fuerzas Militares, el Inspector del Ejército, el de la Policía y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte. Inicialmente se había determinado que el primer informe de la comisión se presentaría en tres meses. Sin embargo, el ministro Rodrigo Rivera fijó un plazo máximo de 20 días para conocer el informe. La comisión inicia en los próximos días una serie de visitas a los centros de reclusión en todo el país para verificar que no se estén presentando irregularidades como las denunciadas en Tolemaida.
