OEA pide a Brasil información sobre licencias de hidroeléctrica en Amazonía

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA pidió al Gobierno de Brasil informaciones sobre las licencias para la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que se construye en la región amazónica, informaron hoy fuentes oficiales

La solicitud la hizo el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, con base en una petición de medida cautelar presentada contra la obra por el Movimiento Viva Xingú y más de 40 colectivos que se oponen al proyecto, según la estatal Agencia Brasil

Los opositores argumentan que la hidroeléctrica, cuyas obras comenzaron esta semana en el municipio de Altamira, en el estado amazónico de Pará, causará daños irreparables al ecosistema y a las condiciones de vida de indígenas y campesinos que habitan en las márgenes del río Xingú, uno de los afluentes del Amazonas

Los colectivos sociales temen que la hidroeléctrica degrade la calidad de las aguas del Xingú por la inmensa pared de concreto que se levantará y que obligará a inundar cerca de 516 kilómetros cuadrados de selva, lo que además sacará de sus tierras a unas 50.000 personas

Según la Agencia Brasil, Cantón pidió al Gobierno brasileño que le informe, en un plazo de diez días, sobre el estado actual de una acción civil presentada por el Ministerio Público Federal en la que se solicita la suspensión inmediata de la licencia previa dada al consorcio Norte Energía para la obra

El consorcio inició el pasado lunes los trabajos de apisonado del terreno donde será construida la represa de Belo Monte, que costará 10.600 millones de dólares y, según los cálculos del Gobierno, será la tercera mayor del mundo, por detrás de la de Tres Gargantas (China) y de la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay

En el documento enviado al Gobierno por la CIDH, Cantón señala que entre los argumentos del Movimiento Viva Xingú está el que la licencia otorgada a Norte Energía no tendría base legal e incumpliría los requisitos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama)

Los demandantes pidieron además que la CIDH les ayude para que el Gobierno suspenda la licencia ambiental de la hidroeléctrica y que se respeten los derechos humanos de todos los afectados por la obra

Hace dos semanas, un juez federal canceló el permiso previo para las obras porque entendió que el organismo ambiental del Gobierno lo concedió de forma apresurada, sin que el consorcio de constructoras presentase garantías sobre decenas de requisitos, incluyendo los planes para la recuperación de las zonas degradadas

No obstante, otro juez anuló esa orden cuando el Gobierno presentó la apelación y volvió a conceder permiso para el inicio de los trabajos de la hidroeléctrica, que generará 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río.