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Facultades extras al gobierno son amplias para reestructurar al Estado

El proyecto de ley que ha creado la discordia en el Senado permitiría cambiar la estructura del gobierno en diversos aspectos.

El proyecto de ley que ha creado la discordia en el Senado de la República y que le otorga al Presidente de la República facultades extraordinarias, durante seis meses, le permitiría cambiar la estructura del gobierno en diversos aspectos

Además de escindir tres ministerios para crear o re-crear los tres que suprimió el gobierno de Alvaro Uribe, el proyecto le permite meterle la mano a prácticamente todas las dependencias oficiales del sector nacional

Por ejemplo, puede crear, escindir, fusionar y suprimir, así como determinar la denominación, número, estructura orgánica y orden de precedencia de los departamentos administrativos. Tales dependencias son cuatro: el DAS, el Dane, el de Planeación Nacional y el de la Función Pública. También hay un departamento que administra los recursos de la Presidencia

Por las facultades también puede reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la Administración Pública Nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado, es decir, en la práctica todos los organismos nacionales que no tienen naturaleza especial

Además puede crear y escindir, las superintendencias, que son nueve: Financiera; de la Economía Solidaria; de Subsidio Familiar; Nacional de Salud; de Industria y Comercio; de Sociedades; de Vigilancia y Seguridad Privada; de Notariado y Registro; de Servicios Públicos Domiciliarios, y de Puertos y Transporte

Por las facultades extras el gobierno puede crear los empleos en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación que se requieran para asumir las funciones del personal como consecuencia de la supresión o reestructuración del DAS. Uno de los puntos polémicos del proyecto de ley es el que se refiere a 'meterle mano' al Cóodigo de Tránsito y a las dependencias nacionales sobre la materia

Según el texto sometido a consideración del Senado en último debate, el gobierno puede "expedir el régimen sancionatorio aplicable al transporte, servicios conexos a estos, la infraestructura, los organismos de tránsito y las entidades que constituyen apoyo al tránsito y al transporte. Dicho régimen incluye la definición de las infracciones, las sanciones aplicables en cada caso, los sujetos pasivos y el procedimiento para su imposición y aplicación"

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