Acuerdan crear el 'entrampamiento' anticorrupción. Definen inhabilidades a contratistas

La creación de la figura de las operaciones encubiertas y un régimen estricto para impedir que los contratistas del Estado financien campañas políticas son algunos de los acuerdos alcanzados en la noche del lunes entre el gobierno y los ponentes del estatuto anticorrupción que se encuentra en su tercer debate en la Cámara de Representantes

El coordinador de ponentes, Germán varón Cotrino, dijo que la autorización de las operaciones encubiertas es similar al 'entrampamiento' que existe en Estados Unidos, para que agentes del estado se infiltren en el sistema de contratación y detecten a las organizaciones criminales

"Funcionarios de la Fiscalía o de la Procuraduría pueden infiltrarse y ofrecer dádivas ilegales para conocer el modo de operación y las estructuras de las organizaciones de corrupción, y denunciar los hechos directamente", dijo Varón

En ese caso, explicó, la ley garantiza que quien puso la trampa e hizo ofrecimientos ilegales queda exento de cualquier responsabilidad penal, pues su labor es simplemente la de detectar a los corruptos y denunciarlos

Los ponentes y el gobierno también acordaron el régimen de inhabilidades para los contratistas en cuanto a la financiación de las campañas políticas

El representante Alfonso Prada dijo que los contratistas que durante el último año tengan ingresos menores al 50 por ciento por concepto de contratos con el Estado, podrán hacer aportes a las campañas políticas, pero quedan inhabilitados para contratar durante los cuatro años siguientes o todo el periodo del candidato al que le aportaron dinero

Si más de la mitad de los ingresos del contratista o empresa proviene de contratos estatales, en ningún momento podrá realizar aportes a candidatos para alcaldía, gobernación o Presidencia de la República. Si uno de los políticos recibe dineros de tales contratistas, puede perder la investidura, según la reforma política, y el partido al que pertenece podría perder la personería jurídica, dijo Prada

Afirmó que ninguno de los concesionarios del Estado podrá realizar aportes a las campañas políticas. Esto cobija a los concesionarios de obras públicas, de algunas licencias, de juegos de suerte y azar, la importación y comercialización de licores y quienes venden insumos destinados a los servicios de salud

Prada sostuvo que, hasta el momento, está acordado que tales prohibiciones con las correspondientes inhabilidades están encaminadas solo a las candidaturas uninominales. Pero que en la discusión del proyecto propondrá su extensión a los candidatos para corporaciones de elección popular

La comisión Primera de la Cámara continuará este martes la discusión del estatuto anticorrupción en su penúltimo debate.