Por unanimidad la Cámara aprobó prórroga de la ley de orden público

Por 115 votos contra cero, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la prórroga por cuatro años y con modificaciones, de la ley 418 de 1997, que permite diálogos con grupos armados ilegales, extender seguros a los transportadores en caso de alteraciones del orden y atender a las víctimas y testigos, entre otras determinaciones

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, destacó como punto importante el que se prohíba, por petición del propio Gobierno, que se decreten zonas de distensión o de ubicación, o sitios reservados o vedados para la Fuerza Pública en casos de diálogos con grupos armados

"Cualquier tipo de diálogos se hace sin esa presión o esa exigencia", dijo Vargas, quien destacó que la norma aprobada en segundo debate tiene adiciones como otorgar funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, extender las pólizas de seguros antiterroristmo para el transporte fluvial (que ahora sólo existe para los transportadores terrestres), y la ampliación del ámbito de aplicación del programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación

Se mantiene la facultad para que el Ejecutivo, por consideraciones especiales, pueda conceder indultos a personas vinculadas con grupos armados ilegales

Las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) quedarán vinculadas a las alertas tempranas en materias de orden público y por violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario

Se establecen los marcos jurídicos para reforzar y mantener programas especiales del Gobierno, como el de Protección, el del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el de desminado humanitario y el de los fondos territoriales de seguridad

El coordinador ponente del proyecto, representante Roosvelt Rodríguez, dijo que el trabajo de desminado humanitario podrán adelantarlos organizaciones probadas, pero para ello se requiere una reglamentación especial expedida por el Ministerio de Defensa

Rodríguez destacó también la novedad en la ley para impedir que los sindicados del delito de reclutamiento de menores sean cobijados por indultos o con beneficios especiales por cualquier circunstancia. "El reclutamiento de niños para la guerra será castigado bajo las normas del Código Penal, con el máximo rigor", afirmó