La Procuraduría archiva investigación contra Arango Bacci
Además compulsó copias para que sean investigados funcionarios de la Armada Nacional, debido a las presuntas actividades ilícitas que desplegaron contra el oficial en retiro.
La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación contra el almirante Gabriel Arango Bacci y compulsó copias para que sean investigados funcionarios de la Armada Nacional, principalmente del área de inteligencia, debido a las presuntas ilícitas actividades que desplegaron en contra del oficial en retiro. En su concepto el Ministerio Público señala que la entrega de información a bandas de narcotraficantes para facilitar envíos de droga al exterior nunca existió y se basa en la sentencia absolutoria que emitió la Corte Suprema de Justicia a favor del almirante. Previamente el delegado del Ministerio Público el Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal, Jaime González Sarmiento señaló durante el juicio contra Arango Bacci, en noviembre de 2009, que las menciones que se hacían contra el, en el marco de las labores de verificación desarrolladas por la Fiscalía Octava de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima y el material probatorio vinculado a dicha gestión, se aprecian amañadas y reforzadas. Además consideró que las declaraciones en contra del ex oficial de la Armada no pueden ser confiables, porque de un lado se apreciaban aisladas en el trámite, carecían de respaldo y contrarían la lógica y las reglas del correcto y probo entendimiento humano. Arango Bacci fue absuelto por la Corte Suprema en diciembre de 2009 por no encontrar pruebas en su contra y ordenó compulsar copias para que las autoridades competentes investigaran si los testimonios que sirvieron inicialmente para acusar a Arango Bacci fueron o no falsos. Esa petición de la Corte surgió debido a que la defensa de Arango, en cabeza del abogado Jaime Granados, argumentó que él había sido víctima de un montaje y que los denunciantes, entre ellos el entonces comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera, y otros que pudieron aportar pruebas al proceso, como el hoy presidente Juan Manuel Santos, debían ser investigados.




