Activista neozelandés condenado en Tokio a 2 años de prisión sin cumplimiento
Peter Bethune, activista neozelandés del grupo conservacionista Sea Sepherd, fue sentenciado hoy en Japón a dos años de prisión sin cumplimiento por obstruir las actividades de la flota ballenera japonesa en el Océano Antártico


Peter Bethune, activista neozelandés del grupo conservacionista Sea Sepherd, fue sentenciado hoy en Japón a dos años de prisión sin cumplimiento por obstruir las actividades de la flota ballenera japonesa en el Océano Antártico
El tribunal de Tokio encargado del caso dictó su sentencia en suspenso, tal y como pedía la defensa de Bethune, de 45 años, que alegaba que el ecologista se había declarado culpable de cuatro de los cinco cargos que se le imputaban. Además, durante el juicio, Bethune aseguró que estaba arrepentido de sus actos, pese a lo cual la Fiscalía había pedido una pena de dos años de cárcel
El neozelandés era el capitán de una lancha rápida del grupo Sea Shepherd que fue destruida en una colisión con el Shonan Maru 2, una nave de escolta de la flota ballenera nipona en aguas australes. Bethune abordó ese barco nipón el 15 de febrero, cuando fue retenido por la tripulación y trasladado a Tokio, en cuyo puerto fue arrestado en marzo por la Guardia Costera de Japón y puesto a disposición judicial
El activista fue imputado en abril por los delitos de traspaso, obstrucción de un negocio, destrucción de propiedad privada y violación de la ley de control de armas, cargó éste que rechazó. La sentencia condena a Bethune por lanzar una botella con ácido butírico al Shonan Maru 2 durante las persecuciones de los barcos del Sea Shepherd a la flota ballenera nipona con el objetivo de interrumpir su caza anual de cetáceos, así como de obstruir un negocio y de provocar heridas a un miembro de la tripulación
Sea Shepherd persigue desde hace años a los pesqueros nipones para sabotear sus actividades en la Antártida, donde están autorizados a cazar una cuota anual de ballenas para estudiarlas con "fines científicos", según el Gobierno japonés. Los ecologistas, no obstante, aseguran que la caza se produce realmente con fines comerciales, algo que Japón dejó formalmente de hacer en 1986.




