Mafias de abogados están tras millonarias demandas de desplazados, dice Gobierno

El director de Acción Social, Diego Molano, indicó que el tema de las tutelas para desplazados tiene que someterse a un estricto control para evitar enormes efectos fiscales en las finanzas del Estado

“Hay que hacer un frente común para evitar que ciertos grupos de mafias manipuladoras que están utilizando las tutelas puedan afectar la estabilidad. Hay una minoría que está manipulando a la población desplazada para hacer fraudes y utilizar y aprovechar los recursos disponibles para las víctimas, estas mafias le están quitando la posibilidad, a través de recursos legales a personas que son verdaderos desplazados”, aseguró MolanoEl funcionario también indicó que el gobierno trabaja en mecanismos legales para apelar el fallo de tutela de la juez 32 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que obliga al Estado a pagar 30 mil millones de pesos en los próximos diez días a 1.500 familias desplazadas

“Este tema de las tutelas para la población desplazada tiene que ser manejado adecuadamente, con propósitos que permitan la mayor objetividad para atenderla. Vamos a apelar esa decisión, creemos que ahí se desnaturalizó el servicios.”, indicó Molano

Molano agregó que diariamente se interponen cerca de 500 tutelas contra el Estado por beneficios a población vulnerable, la mayoría de ellas impulsadas por mercaderes de desplazados

Histórico fallo ordena pagar a Acción Social más de 30 mil millones de pesos a desplazadosUn fallo de tutela del Juzgado 32 con Funciones de Conocimiento de Bogotá, ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social cancelar a 1.554 desplazados, 30 mil millones de pesos aproximadamente, por concepto de subsidios de ayuda humanitaria que, en algunos casos, se adeudan desde 1997. De acuerdo con la decisión, el pago debe proceder en el transcurso de los próximos diez días, so pena de incurrir en desacato, lo que podría significar el pago de una millonaria multa al director de Acción Social, Diego Molano, e incluso reclusión en establecimiento carcelario, sin exonerarlo del millonario pago. En el fallo, la juez reconoce las graves irregularidades de la entidad en la prestación de servicios a la población desplazada y también ordena "diseñar y ejecutar un programa de sensibilidad a sus funcionarios en el tema del desplazamiento forzado y del tratamiento especial que merecen sus víctimas". Igualmente determinó que se deben "eliminar procedimientos engorrosos y requisitos extraoficiales a los desplazados, para que puedan reclamar, sin obstáculo alguno, la atención humanitaria que el Estado está obligado a suministrarles, y no se exigirá más la instauración de tutela para ello"