Ordenan suspender explotación minera en Chocó y Antioquia
Así lo ordena la Corte Constitucional a la empresa Muriel Mining por violar los derechos de 11 comunidades indígenas y 2 afrocolombianas.
Caracol Radio conoció una sentencia de tutela de la Corte Constitucional que ordena suspender a una empresa minera norteamericana las labores de explotación que desarrolla en Chocó y Antioquia
Por violar los derechos de 11 comunidades indígenas y 2 afrocolombianas la Corte Constitucional ordenó a la empresa Muriel Mining Corporation, que maneja la concesión Mandé Norte, que suspenda de inmediato la explotación de una mina de cobre, oro, en los departamentos de Antioquia y Chocó
La Corte encontró que no se consultó a todas las comunidades indígenas, más aun que este proyecto fue aprobado por la gobernación de Antioquia por el término de 30 años
En la sentencia, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, se señalo que “la consulta resulta obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar específicamente a las comunidades aborígenes, en su calidad de tales”
También señala que “el Estado debe garantizar a las autoridades de los grupos étnicos y comunidades respectivas, directamente, la participación y el acceso a la información sobre un programa o plan que se pretenda realizar en su territorio, buscando que sean identificados los impactos positivos o negativos del proyecto o programa respectivo, con el objeto que la participación sea activa y efectiva para las comunidades y se salvaguarde la idiosincrasia de los pueblos nativos, para que las decisiones sean adoptadas previa concertación y acuerdo, en la medida de lo posible.”Ante esta situación la Corte ordena al Ministro del Interior y de Justicia que rehaga los trámites de consulta previa a las comunidades indígenas
Así mismo impartió ordenes al ministro de Ambiente para que haga los estudios científicos integrales y de fondo sobre el impacto ambiental y al ministro de Defensa Nacional que analice y subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.
