Destituido hijo de Enilce López, conocida como 'la Gata'

La Procuraduría destituyó por 20 años al ex alcalde de Magangué, Bolívar, Jorge Luís Alfonso López, hijo de la detenida empresaria del Chance, Enilce López, conocida como la Gata

La determinación se tomó ya que él no se declaró impedido para intervenir en los procesos contractuales que beneficiaban a amigos cercanos o socios e incluso a su progenitora

“Existía una estrecha relación entre el disciplinable, la señora Enilce López y los interesados en la contratación, porque no de otra forma se explica el grado de máxima confianza entre ellos para manejar cuentas bancarias con autorizaciones para retiro de dinero sin límite de cuantía”, señala la Procuraduría

También se probó la entrega de poderes especiales para realizar negocios inmobiliarios en nombre del servidor público y la conformación de asociaciones sin ánimo de lucro, con el firme propósito de mejorar las condiciones económicas de los asociados, con quienes resultaron ser socios de las empresas contratistas

En la investigación fue acreditada la existencia de consignaciones, depósitos y traslados de dineros entre las cuentas bancarias de los interesados en la contratación, el alcalde, la madre del alcalde y las empresas de estos, con lo cual se configuró un carrusel de mutuos intereses entre el burgomaestre y sus amigos y asociados, interesados en la contratación cuestionada

“La actuación del entonces Alcalde transgredió la ley disciplinaria por la sobreposición del interés particular, el de los suyos, familiares y socios, frente al interés general de la entidad pública, con lo cual incurrió en comportamiento indigno de un servidor público

Según la decisión de la Procuraduría General de la Nación, el servidor público incurrió en interés indebido que determinó su ánimo de favorecer a su socios y amigos en los proceso contractuales. La ausencia de probidad en la actuación atentó de manera abierta y desproporcionada contra la transparencia y la moralidad que debía salvaguardar en ejercicio de la función pública