Gobierno asegura que polémico contrato no fue para negociar la Emergencia Social

El ministro de Protección Social, Diego Palacio, aseguró que el contrato de mil 200 millones de pesos con el Centro de Gestión hospitalaria firmado en el año 2008 fue totalmente trasparente y respondía a una necesidad del gobierno de darle cumplimiento oportuno a la sentencia T - 760 que ordenaba unificar los regimenes contributivos y subsidiados y depurar el POS

"Dada la magnitud y lo perentorio de las ordenes necesitábamos un equipo de personas que sin estar involucradas en la cotidianeidad del ministerio pudieran darse a la tarea de revisar, pensar y de ofrecer distintas alternativas para cumplir el objetivo de la sentencia", manifestó Palacio

El ministro aseguró que el contrato fue revisado por varios organismos de control e inclusos reportado a la Corte Constitucional

"Este fue un contrato informado al consejo de seguridad social, reportado a la Corte Constitucional en un informe que le decimos que hemos contratado al centro de gestión después de un concurso, para que ellos nos acompañaran en este proceso", puntualizó el funcionario

A la denuncia del candidato Germán Vargas Lleras de que el contrato por mil 200 millones de pesos que se firmó en el 2008 pretende asesorar al gobierno en los mismos temas que un contrato que se firmó en noviembre pasado, por 725 millones de pesos, Palacio explicó que obedecen a fines distintos

"Tienen dos objetivos distintos y son planteados en tiempos distintos, uno firmado en el año 2008 con una entrega final hacia agosto - septiembre de 2009 y el siguiente contrato que fue firmado el 28 de diciembre de 2009,  ya no tiene que estudiar todo el sistema y presentarlo en diferentes escenarios, sino ya con las decisiones del gobierno poder mirar como muchas de las recomendaciones las podíamos incorporar dentro del desarrollo de la emergencia", señaló el ministro

Palacio agregó que los contratos están colgados en la página del ministerio para que los interesados puedan revisar la elaboración de los contratos que han sido cuestionados por Germán Vargas Lleras