El Gobierno y policía de Medellín también desestiman informe de Human Rights Watch
Alonso Salazar reconoció que el problema del desplazamiento intraurbano en Medellín, es una realidad pero aclaró que el gobierno municipal mantiene una estrecha atención a la población afectada.
El alcalde Alonso Salazar reconoció que el problema del desplazamiento intraurbano en Medellín, derivado de presiones de grupos armados ilegales, es una realidad, como lo denunció la ONG Human Rights Watch, pero aclaró que el gobierno municipal mantiene una estrecha atención a la población afectada. Explicó que uno de los casos más graves ocurrió en el Barrio Pablo Escobar, donde los desplazados recibieron la debida atención del Estado para su protección, y los delincuentes responsables de esas presiones están sometidos a procesos judiciales
Los afectados tienen seguridad y además hay un trabajo de la alcaldía municipal para ubicar a las familias desplazadas para asistirlas, insistió el alcalde Alonso Salazar Jaramillo. Por su parte, el Comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Luis Eduardo Martínez, advirtió que el informe de Human Rights Watch no tiene fundamentos para corroborar la presencia de bandas paramilitares en Medellín y el Valle del Aburrá, ni de la masiva presencia de desmovilizados en esas agrupaciones criminales
Explicó que “no se puede generalizar sobre la conformación de esas bandas” ni mucho menos precisar cuántas personas desmovilizadas de los grupos paramilitares volvieron a la delincuencia
Reconoció que en las operaciones policiales han encontrado algunos desmovilizados que han vuelto a delinquir, como también algunos exintegrantes de bandas paramilitares que nunca se desmovilizaron ni pertenecieron a los procesos de reinserción
