Normas para salvar el sector salud son inconstitucionales: ex magistrados

Un duro ataque contra la Emergencia Social y las medidas dictadas para frenar la crisis en el sector salud, lanzaron ex magistrados de la Corte Constitucional quienes consideran que las medidas no se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano

Para el ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, con las medidas tomadas por el Gobierno en materia de salud “más que un paciente, al país se le van a entregar un cadáver”

Sostuvo que es ilegal la ley que convocó la emergencia y los decretos, ya que obliga a las personas a vender el carro, la casa para pagar su tratamiento lo que es una clara evidencia de la intención de acabar con el régimen subsidiado de salud

Dice que los mismos decretos dejan ver que no hay emergencia ya que el gobierno concede un plazo de 6 meses para que entren a operar los decretos reglamentarios de la Emergencia Social

Sobre las sanciones a los médicos que formulen fuera del Plan Obligatorio de Salud dijo Beltrán que esto es una violación a las reglas que rigen esa profesión

Por su parte el ex presidente de la Corte Constitucional , Eduardo Cifuentes dijo que estos decretos ponen en peligro a los pacientes cuando se amarran a los médicos al momento de diagnosticar, formular y tratar una enfermedad

Dijo que en casos como este se está cohercionando a los médicos contrariando el ejercicio de la profesión

Explica que si él fuera magistrado de la Corte Constitucional declararía todas las normas de la Emergencia Social ilegales ya que la crisis de la salud no es un hecho extraordinario además que con las medidas tomadas no se está resolviendo el problema de fondo que vive la salud

Ambos magistrados negaron que la tutela haya sido la causante del problema económico de la salud ya que muchas de ella eran reconociendo los medicamentos y tratamientos negados que si estaban dentro del plan Obligatorio de Salud

Cifuentes sostuvo que según un estudio de la Defensoría del Pueblo el 60 por ciento de las tutelas concedidas reclamaban a las EPS medicamentos y tratamiento incluidos en el Plan Obligatorio de salud que no reconocían