Analistas consideran que servidores públicos se exponen a recibir sanción si se reúnen con Chávez

Expertos consultados por Caracol Radio aseguran que ningún funcionario o servidor público puede adelantar diálogos y negociaciones con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sin la autorización previa del Presidente de la República

Sobre el caso particular del diputado de Norte de Santander, que planea convocar a una comisión de alcaldes y ‘pimpineros’ para ir a hablar con Chávez, el constitucionalista José Gregorio Hernández, considera que el político no lo podría hacer e incluso explicó que se expone a una sanción

"No lo puede hacer si no hay una autorización expresa del Presidente y me da la impresión de que el comunicado del ministro del Interior, tiene por objeto precisamente evitar que ese tipo de contactos se lleven a cabo sin un conocimiento, una anuencia, una autorización del Presidente de la República", dijo Hernández

El ex ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que si el gobierno interpreta que un congresista es un funcionario público, el comunicado podría incluso estar descalificando el encuentro que tuvo la senadora Piedad Córdoba con el presidente Chávez a la víspera

"Si por funcionario público se entienden los congresistas, estaría ciertamente desautorizándola. El término de funcionario público es un poco más restrictivo que el de servidor público y si ella consiguió que vuelva el embajador, el gobierno colombiano puede tomar alguna decisión a es respecto", dijo Holguín

No obstante, Holguín Sardi explicó que los temas que tienen que ver con las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del presidente de la República y en ese sentido consideró que los otros encuentros son "un atrevimiento, una intromisión indebida que puede llegar a constituir una conducta grave"

Fuentes del gobierno consultadas por Caracol Radio explicaron que ni el diputado de Norte de Santander, ni ninguna persona que no esté autorizada por el Jefe del Estado podría negociar algún aspecto que comprometa al Estado colombiano.