El gobierno alista 'revolcón' contra corporaciones autónomas por burocracia

El ministro de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, reveló que el gobierno eliminará a las Corporaciones Autonomas Regionales de La Mojana y del Sur de Bolívar e investiga presuntos malos manejos en el Atlántico. "Este invierno dejo en evidencia que en zonas como La Mojana y el Sur de Bolívar no funcionan porque no tienen capacidad institucional, es más lo que se gastan en burocracia que lo que invierten en administración y en buenos proyectos para evitar este tipo de inundaciones. Hay una situación muy crítica en la Corporación del Atlántico, hay un número importante de ordenes de captura que se han librado", aseguró Lozano. El Ministro indicó que pese a que no se puede generalizar la situación de gestiones irregulares en las corporaciones autonomas regionales del país, en este momento se están investigando los contratos y las operaciones que se han realizado en los últimos años de parte de estos organismos. "Ha habido una exigencia que donde exista una duda de corrupción, intervengan las autoridades, intervengan los órganos investigativos, intervenga la Fiscalía y se evite que los dineros del medio ambiente se vayan a los bolsillos de funcionarios corruptos. Estamos adelantando un proceso con el contralor delegado para asuntos ambientales para afinar la inversión de estas corporaciones", explicó el Ministro. El Gobierno radicará antes de que se cierre la actual legislatura del Congreso, un proyecto de ley que busca dar eficiencia a las corporaciones autónomas regionales. “En materia de medio ambiente, quedará radicado, antes de que se cierre esta legislatura, el proyecto que suprima las corporaciones que no tienen recursos de inversión, cuyo impacto es simplemente el funcionamiento y se buscarán mecanismos de agrupación de las corporaciones para mejorar la eficiencia del sistema. Y el mecanismo para fortalecer las corporaciones de la Amazonia y del Chocó”. señaló el funcionario. El Ministro de Medio Ambiente y Vivienda pidió a las autoridades judiciales las condenas más severas en los casos en que se comprueben indicios de corrupción o malversación de fondos, ya que según el funcionario el desvío de los recursos para los proyectos de protección ambiental aumenta el riesgo de perdidas de vidas humanas.