ONG denuncia incremento de ejecuciones extrajudiciales por la seguridad democrática

Las ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia son un fenómeno de vieja data pero se han incrementado a partir del año 2002 cuando entró en vigencia la política de seguridad democrática, dice una investigación de ONG. La Corporación Semillas de Libertad advirtió que la denominada política de seguridad democrática ha llevado a que un número elevado de militares, en su afán de entregar resultados positivos en la lucha contra la insurgencia estén cometiendo delitos de lesa humanidad, violaciones a los Derechos Humanos, como muertes campesinos y habitantes de barrios marginados. La organización dijo que esas víctimas son presentadas luego como guerrilleros muertos en combates o como miembros de bandas emergentes. Con la información suministrada por diversas instituciones como Personerías, de la oficina de derechos humanos de la gobernación, de la Procuraduría, de la Defensora del pueblo, Semillas de libertad ha documentado unas 300 ejecuciones extrajudiciales. En esos episodios, los familiares han denunciado ante los organismos de derechos humanos que las víctimas fueron sacadas de sus casas o sitios de trabajo, torturadas, desparecidas y luego reportadas por el Ejército como personas abatidas en combates. La mayoría son del orienteEn el oriente de Antioquia, desde al año 2002 a la fecha se han reportado 125 ejecuciones extrajudiciales, que constituyen el 40 por ciento de todos los falsos positivos presentados por el Ejército como guerrilleros abatidos en combates, aseveró la Corporación

Explicó que la dinámica de este fenómeno ha ido variando ante la presión de los organismos defensores de derechos humanos y ahora se reporta la desaparición Medellín de indigentes, personas trabajadoras de la minorista, jóvenes desempleados que han sido llevados al oriente del departamento o a municipios del bajo Cauca con la de un empleo, y han aparecidos muertos en combate. La Personería Municipal de Medellín tiene reporte de 87 denuncias de desapariciones forzadas en los últimos meses, algunos de los cuales han aparecidos muertos en los municipios de Campamento y Yarumal, como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate. La mayoría de estos falsos positivos permanecen en la impunidad, bien por que los familiares, por temor, no se atreven a denunciarlos o por que las investigaciones son asumidas por la juridiscción penal militar, puntualizó la abogada Liliana Uribe.