El fiscal Iguarán busca armonizar el proceso de extradición y la ley de Justicia y Paz

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, expresó hoy su confianza en que las autoridades de su país y de EE.UU. podrán armonizar los procesos de extradición y de la Ley de Justicia y Paz, para que los delitos de los paramilitares no queden impunes. En el marco de su visita de trabajo a Washington, Iguarán se reunió con el fiscal general de EE.UU., Michael Mukasey, para analizar los mecanismos de cooperación judicial y la situación de los 14 ex líderes paramilitares extraditados a este país la semana pasada. Al salir del Departamento de Justicia, Iguarán explicó a los periodistas que ese proceso de armonización permitirá que los paramilitares sean juzgados por los crímenes por los que fueron extraditados a EE.UU. y, a la vez, las autoridades colombianas continúen con el proceso de la Ley de Justicia y Paz. Iguarán se mostró satisfecho con el "acompañamiento" de Estados Unidos a la Ley de Justicia y Paz, promulgada por el presidente Alvaro Uribe para "saber la verdad y lograr la reconciliación" en Colombia. Agregó que discutió con Mukasey los aspectos político, jurídico y de carácter práctico del proceso de armonización, para el cual se formarán mesas de trabajo. Dentro de las consideraciones prácticas, están los mecanismos para que se puedan llevar a cabo "las versiones, la presencia de víctimas, las teleconferencias y podamos adelantar Justicia y Paz como si estuviéramos, o al menos en alguna medida, como si estuviéramos en Colombia", explicó Iguarán. En ese sentido, indicó que los fiscales podrán recurrir a recursos de alta tecnología o, según el caso, se permitirá "la presencia de fiscales" colombianos, "de las mismas víctimas o representantes de las víctimas, todo como ordena la ley 975 (Ley de Justicia y Paz)". La intención detrás de ese proceso de armonización es, después de todo, llegar al fondo de la verdad y lograr la reparación de las víctimas en Colombia, destacó Iguarán. Sin embargo, no pudo precisar si, por ejemplo, los paramilitares extraditados a EE.UU. la semana pasada podrían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en Colombia, además de los cargos de narcotráfico. "Nos interesa la verdad y que se cumpla con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz", detalló el fiscal colombiano. Con ese fin, las autoridades de EE.UU. y Colombia se reunirán mañana "para crear las condiciones" que faciliten el proceso de armonización, y, posteriormente, habrá otro encuentro en Colombia, aunque el fiscal no precisó fecha. La Ley de Justicia y Paz permite que, quienes se amparen en esa legislación, puedan cumplir una pena alternativa en el extranjero. La visita de Iguarán coincide con la campaña de presión de grupos no gubernamentales y agrupaciones sindicalistas para impedir que queden impunes los delitos cometidos por los ex "paras". El martes, la organización Human Rights Watch (HRW) envió una carta a los dos líderes del Senado de EE.UU., el demócrata Max Baucus y el republicano Charles Grassley, en la que expresó su preocupación ante la posibilidad de que la extradición de los "paras" pueda dejar sin castigo sus crímenes más atroces. "Creemos que EE.UU. juega un papel clave para asegurar que la extradición no mina los esfuerzos para desmantelar a los grupos paramilitares y promover la rendición de cuentas por las atrocidades en Colombia", afirmó en la misiva José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW. Esa misma preocupación la transmitió HRW en una misiva enviada a Mukasey el pasado 16 de mayo, en la que recomendó cuatro pasos que puede tomar la fiscalía estadounidense en el procesamiento judicial de los ex "paras". HRW planteó que, además de las acusaciones de narcotráfico, se consideren "cargos de tortura" contra los 14 ex paramilitares colombianos, además de recomendar una serie de "incentivos legales" para que estos confiesen todas sus atrocidades y si tuvieron cómplices dentro del Gobierno. Igualmente, pidió que los fiscales estadounidenses tengan acceso a las pruebas acumuladas por las autoridades colombianas, incluyendo jueces, fiscales e investigadores policiales.