Juristas acusan al gobierno de favorecer a palmicultores que propiciaron desplazamiento forzado

La Comisión Colombiana de Juristas calificó como descarada la forma en que se ha expropiado a la comunidad afrodescendiente del Urabá chocoano y antioqueño de sus tierras para dedicarlas a la siembra extensiva de palma, y señaló al gobierno de burlar la constitución para favorecer a los empresarios palmicultores.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, afirmó que desde hace diez años se viene denunciando la expropiación de tierras que se ha producido de forma descarada en sectores chocoanos como Jimiaguandó y Curvaradó, de donde han sido expulsadas familias campesinas afro-colombianas de propiedades colectivas, es decir de territorios y terrenos defendidos por la Constitución Nacional los cuales NO se pueden enajenar o vender, ni embargar.
Según el abogado, ante los reclamos, el Ministerio de Agricultura ha impulsado una serie de proyectos de asociación mediante los cuales estaría forzando a los propietarios verdaderos a permitir los cultivos de palma por parte de empresarios a través de la figura de contratos de asociación, con lo que se burla la prohibición constitucional de la NO enajenación de esos territorios.
Añadió el jurista que esa usurpación continúa, al igual que la presencia paramilitar en la zona que presta apoyo a los palmicultores y a la fuerza pública.
Insistió en que se trata de grandes extensiones de tierra expropiadas con el apoyo del gobierno a través de los programas del Ministerio de Agricultura con líneas de crédito y fomento.
Confió en que la investigación anunciada por la Fiscalía se oriente a frenar esas arbitrariedades que están ocurriendo desde 1997 y que han generad más de cien asesinatos y desapariciones, y desplazamientos masivos.