Raúl Grajales había denunciado la extorsión por parte de ex funcionario de Palacio

El empresario Raúl Alberto Grajales Lemos, propietario del grupo vinícola Grajales y de los almacenes Casa Estrella, fue quien denunció la presunta extorsión del ex funcionario de la Presidencia, Luís Fernando Herrera, conocido como el "El Mechudo".
Caracol Radio conoció en exclusiva las declaraciones entregadas por Grajales Lemos, hace 8 meses, durante el juicio que enfrenta por lavado de activos y concierto para delinquir, donde formuló esta denuncia.
En una de las audiencias, el empresario vallecaucano informó que en el año 2004 conoció en el Palacio de Nariño a Luís Fernando Herrera, con quien entabló, según Grajales, una amistad.
Dijo que en el año 2005, cuando ya se encontraba detenido en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, fue visitado en dos ocasiones por "El Mechudo".
Narró igualmente que en febrero del año 2006 fue visitado por Herrera y un hombre que se identificó como Carlos Vargas, donde le plantearon la ayuda a cambio del pago de 5 millones de dólares.
Según Raúl Grajales, los visitantes le notificaron que había una investigación en su contra y de sus socios en Barranquilla por una cuantía de 200 millones de dólares y que le ofrecieron detener todo el escándalo.
El dueño del grupo empresarial Grajales informó en esta audiencia, que le respondió a quienes lo extorsionaban que no tenía dinero y que le habían quitado sus bienes por el proceso que enfrentaba.
Luego, Luís Fernando Herrera, apodado "El Mechudo", quien aparece en una grabación con el presidente de la República, llama y plantea que todo está listo para una extradición y que si le paga, a él y otras personas que lo investigan, 15 millones de dólares, evitará que sea entregado a las autoridades extranjeras.
En la declaración ante el Juzgado Quinto Penal Especializado de Cali, donde fue enjuiciado hasta el pasado mes de noviembre, Grajales Lemos informó que denunció el caso ante la Fiscalía.
Señaló el acusado que dos investigadores de la Fiscalía, hicieron la interceptación de las llamadas extorsivas de "El Mechudo", pero que le notificaron después que éstas no servirían para una acción penal, ya que no contaban con orden legal.
En su momento, y dirigiéndose a la fiscal delegada, Nohora Patricia Ferreira, Raúl Grajales, informó que era víctima de una persecución política y que antes de 1999, fecha donde se relacionan los hallazgos de la Fiscalía para vincularlo a un proceso penal, ya era rico y había adquirido bajo el amparo de la ley sus empresas y bienes.
El 19 de julio de 2007 Raúl Grajales recibió por decisión de la juez del caso, el beneficio de la detención domiciliaria.
El 21 de noviembre de 2007 la Fiscalía solicitó al juzgado que cambie la radicación del proceso, bajo el argumento de que puede verse afectado un fallo debido al poder económico de Los Grajales.
El 28 de noviembre, la juez quinta penal especializada del Circuito de Cali, Dolly Chávez, contestó a la fiscal que se abstiene de responder a la solicitud del ente acusador, porque ya el Consejo Superior de la Judicatura había ordenado que todos los procesos por lavado de activos en Colombia se remitieran a un juez de descongestión en Bogotá.
En ese auto, la juez emitió un juicio de reproche a los argumentos de la fiscal, y los califica de "descomedidos, desleales y faltos de ética".
Grajales Lemos goza del beneficio de la detención domiciliaria en su residencia en el sur de Cali.
En este juicio también son acusados otros integrantes de la familia Grajales y empleados de sus empresas.
Los otros acusados son Aida Salomé Grajales Lemos, Gerardo Antonio Grajales Posso, María Nancy Grajales Posso, Sonia Patricia Grajales Bernal, Marta Lucía Grajales Sánchez, Sonia Trejos Aguilar y Alfonso Ricardo Díaz