En Colombia sí hay conflicto armado, dice el fiscal Iguarán

El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, se apartó del gobierno al sostener que en Colombia sí hay un conflicto armado interno, que permite reconocer algunas conductas penales que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario.
Al defender el proyecto de ley del gobierno para solucionar el problema penal de unos 19 mil desmovilizados del paramilitarismo, Iguarán dijo que como viceministro de Justicia respaldó la tesis del gobierno sobre la inexistencia del conflicto, pero que una vez llegó a la Fiscalía tuvo que replantear la tesis al leer que hay artículos sobre delitos sancionados por el Derecho Penal Internacional.
Iguarán dijo ante las comisiones primeras del Congreso que va a insistir también en la necesidad de aplicar el principio de la oportunidad, para que la Fiscalía defina si investiga o no una conducta, en los casos de testaferrato para los jefes paramilitares.
"Tendremos que sacrificar la sanción penal dentro de un marco de la justicia restaurativa, para lograr establecer ante todo la verdad y poder disponer de los bienes para la debida reparación a las víctimas del conflicto", dijo Iguarán.
Sostuvo que es la manera de conocer a los empresarios y a los sectores que ayudaron a financiar a los autores de masacres, de secuestros, de desapariciones, y para que entreguen las cuantiosas fortunas conseguidas mediante su actividad delictiva.
El Fiscal también se refirió al cambio que hizo el gobierno en materia de solución al problema de los desmovilizados y consideró que, en su opinión, la figura de la sedición sí puede configurarse a los paramilitares en casos concretos. Al respecto dijo que la sedición puede ser asociada a la comisión de otros delitos, es decir no se trata de un delito aislado.
Aclaró que hay asuntos difíciles de aclarar, como por ejemplo que un sedicioso puede estar financiando el terrorismo tanto con dineros lícitos como ilegales, e incluso mediante el lavado de activos.
"En el caso de la bananera Chiquita Brands nos hacemos varias preguntas. Por ejemplo, a nadie se le ocurre decir que se trataba de un lavado de dineros, pero ¿no se trata de una financiación del terrorismo con dineros lícitos?", se preguntó el Fiscal, pero no dejó entrever una respuesta.
Iguarán dijo que el proyecto del gobierno sobre los desmovilizados es bueno para solucionar el problema, pero que puede complementarse con otras medidas, para que no sea una iniciativa que favorece solo a los victimarios y se olvida totalmente de las víctimas.