Bancolombia dice que está preparado para seguir enfrentando el litigio jurídico con los Gillinski

Las directivas del Bancolombia expresaron su satisfacción con el fallo que anuló el llamamiento a juicio al presidente del Bancolombia, Jorge Londoño Saldarriaga y a su vicepresidente Federico Ochoa.
Tras este fallo de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, las directivas de la entidad manifestaron su conformidad con la decisión, que le da un nuevo curso jurídico al largo y complejo litigio con la familia Gillinski.
Dijeron que los hechos que antecedieron la providencia deben servir para una serena reflexión nacional sobre los grandes inconvenientes que la inseguridad jurídica y el abuso del derecho acarrean al buen clima de los negocios en el país.
Señalan que la prescripción, como lo declaró el fiscal delegado para el caso de los delitos financieros u operaciones no autorizadas de los que eran acusados e investigados los señores Londoño y Ochoa, es una institución jurídica que favorece la estabilidad de la sociedad por encima de los intereses particulares.
"Pretender revivir una acción penal prescrita es vulnerar principios de interés público como la cosa juzgada y la seguridad jurídica cuyo respeto es necesario para la estabilidad institucional y la convivencia social", añade el Bancolombia en un comunicado.
Bancolombia reitera que en la compra de la entidad por parte del Industrial Colombiano, BIC y su posterior fusión con el mismo se actuó con transparencia, de acuerdo a las normas legales y principios corporativos.
Manifiesta su disposición para "seguir atendiendo la investigación de primera instancia, de acuerdo al alcance fijado por la propia Fiscalía, para comparecer ante todas las autoridades que lo requieran con el fin de explicar su recto proceder y el de sus directivos", señala en uno de sus apartes el Bancolombia.
Al anular en segunda instancia el llamamiento a juicio por el delito de estafa, se ordena al fiscal de primera instancia proceder a valorar la prueba documental y practicar la prueba testimonial que ordenó parea este caso la Corte Constitucional.