Obligan al Estado a diseñar programa inmediato de protección a las víctimas de los paramilitares

El Tribunal de Cundinamarca falló una tutela que obliga al Estado ejecutar en menos de 30 días un programa de protección a las víctimas y testigos de la ley de justicias y paz.
La tutela fue presentada por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, con el fin de exigir garantías y seguridad a las miles de víctimas del paramilitarismo.
La tutela ampara el derechos a la vida, el acceso a la justicia y la seguridad personal y la urgencia de que el Estado colombiano establezca un plan de protección efectivo a las víctimas de ese fenómeno nacional.
La tutela se presentó ante hechos lamentables ocurridos a comienzos de este año, como los asesinatos de dos líderes de familiares de las víctimas de las Autodefensas, Yolanda Izquierdo, en Montería y Carmen Cecilia Santamaría, en Apartadó.
Hasta la fecha, trece personas que adelantaban procesos de reclamación de derechos dentro de la Ley de Justicia y Paz han sido asesinadas.
Patricia Buriticá Céspedes, directora de la Ong que interpuso la tutela, lamentó que haya recurrir a vías como la acción de tutela para exigir una protección que debe ser concedida por el Estado sin ningún tipo de presión.
Advirtió que si el ministerio del interior y de justicia y la Fiscalía General de la Nación incumplen el fallo de tutela, su organización apelará ante la comunidad internacional